Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales de la institución por presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones se centran en la destrucción de estructuras mayas y la manipulación de monumentos bajo el argumento de proyectos de desarrollo, específicamente en los llamados “parques de la memoria”.
Entre los señalados figuran Diego Prieto, exdirector del INAH; Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo; Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario, así como miembros del Consejo de Arqueología. Los denunciantes, que incluyen a la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y al Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, alegan que se han cometido irregularidades que podrían constituir delitos contra el patrimonio cultural.
Las controversias se enfocan en sitios como el parque Balam Tun, donde se reporta la reubicación de 36 monumentos arqueológicos, y un proyecto en Chetumal que involucra 47 monumentos supuestamente restaurados. Existe divergencia en la interpretación de los hechos: mientras algunas fuentes hablan de destrucción total de estructuras, otras describen procesos de “deconstrucción” donde las piezas fueron desmanteladas y recombinadas, lo que ha generado un conflicto interno dentro de la institución encargada de proteger dichos bienes.
En el contexto de estas acusaciones, circulan cifras alarmantes sobre el impacto en la zona maya. Se menciona que más de 62,000 estructuras mayas no habrían sido recuperadas hasta la fecha, dato que ha sido asociado en reportes al arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, aunque no se dispone de una declaración textual directa que confirme la atribución específica en este momento. Estas cifras subrayan la magnitud del riesgo que enfrenta el patrimonio en la región de Campeche, Xpujil y Chetumal.
La situación ha escalado a un nivel de denuncia formal, aunque persisten vacíos de información sobre los detalles procedimentales. No se ha confirmado públicamente la fecha exacta ni la autoridad específica —Ministerio Público o Fiscalía especializada— ante la cual se presentarán los cargos, ni se han hecho públicos los informes técnicos o evidencias documentales que respaldarían las acusaciones de uso de maquinaria pesada para alterar los sitios.
Este conflicto interno en el INAH pone de manifiesto la tensión entre las políticas de desarrollo infrastrucltural del gobierno federal y la conservación del patrimonio histórico. La falta de respuestas oficiales por parte de los funcionarios denunciados y la ausencia de verificaciones independientes sobre el estado real de los sitios mencionados mantienen la incertidumbre sobre el futuro legal de los implicados y la integridad de los restos mayas afectados.