Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Especialistas y legisladores han expresado críticas y reservas respecto al llamado ‘Plan B’ de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual incluye modificaciones a la regulación de la revocación de mandato y fue remitido al Senado tras el rechazo de la iniciativa original en la Cámara de Diputados.
José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), participó en un análisis donde se advirtió que la nueva propuesta podría derivar en una oportunidad para hacer publicidad electoral en favor de la mandataria, rompiendo con la lógica histórica de consenso que caracterizó reformas previas en 1994, 1996, 2007 y 2014. Los especialistas coincidieron en una preocupación central sobre el rumbo actual de la reforma y su potencial efecto regresivo para la democracia mexicana.
En el Senado de la República, las comisiones de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales, presididas por Enrique Inzunza y Oscar Cantón Zetina respectivamente, discuten la iniciativa que contempla la reducción del presupuesto de congresos locales, disminución de regidurías y ajustes salariales a funcionarios, además de los cambios en la figura de revocación de mandato.
La propuesta del Ejecutivo busca fortalecer este mecanismo de participación ciudadana, permitiendo que se realice entre el segundo y tercer año del gobierno, aunque existen debates sobre la redacción final del artículo 35 constitucional para precisar los tiempos y las condiciones bajo las cuales partidos políticos y el titular del ejecutivo pueden promover el proceso.
Paralelamente, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta cuestionamientos por las medidas de seguridad aplicadas en 40 inmuebles, las cuales han sido criticadas por limitar el trabajo periodístico en sus instalaciones, sumando tensión al contexto de la discusión legislativa.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la reforma argumentando que responde a la convicción de que el pueblo manda, aunque persisten dudas sobre el alcance específico de las modificaciones y la posición oficial de sus aliados parlamentarios ante las observaciones técnicas presentadas por expertos y oposición.