Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió sentencia contra el Estado mexicano por el caso de Ernestina Ascencio, determinando responsabilidad internacional por violaciones a derechos humanos ocurridas en 2007 en el estado de Veracruz. La Secretaría de Gobernación (Segob) recibió la notificación oficial este jueves y deberá implementar las medidas de reparación integral ordenadas por el tribunal internacional.
La sentencia establece que el Estado mexicano vulneró los derechos a la vida y a la salud de Ernestina Ascencio, así como las garantías de protección judicial. El caso involucra denuncias de agresión sexual por parte de elementos del Ejército mexicano, lo que constituye una grave violación a los derechos humanos de la víctima indígena de la región de Zongolica, Veracruz.
Además de las violaciones directas contra Ascencio, la Corte IDH determinó que hubo afectación a la integridad de los familiares de la víctima. El tribunal destacó la falta de perspectiva de género e interseccionalidad en el manejo del caso por parte de las autoridades mexicanas, lo que agravó las consecuencias para los afectados.
La investigación de la CIDH reveló deficiencias sistémicas en la atención de casos que involucran a mujeres indígenas en México. La sentencia obliga al Estado a implementar medidas de no repetición que incluyan protocolos específicos para la atención de violaciones a derechos humanos con enfoque de género y étnico.
Ernestina Ascencio falleció en febrero de 2007 tras ser atendida en un hospital militar en Zongolica, Veracruz. Sus familiares denunciaron que fue víctima de agresión sexual por soldados antes de su muerte. Durante casi dos décadas, el caso permaneció en litigio ante instancias nacionales e internacionales sin resolución definitiva.
La Segob informó que el gobierno mexicano acatará la sentencia de la Corte Interamericana y trabajará en el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Las medidas de reparación incluirán compensación económica a los familiares, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y reformas institucionales para prevenir casos similares.
Este fallo se suma a otras sentencias de la CIDH contra México por violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de confrontación entre fuerzas militares y grupos insurgentes. Organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión y exigieron que se convierta en precedente para la justicia de género en el país.
La implementación de la sentencia será supervisada por la Corte IDH mediante informes periódicos que deberá presentar el Estado mexicano. Se espera que las medidas de reparación comiencen a ejecutarse en los próximos meses, aunque el plazo exacto dependerá de la complejidad de las obligaciones establecidas en el fallo definitivo.