Ciudad de Mexico, 30 de marzo de 2026.- El conflicto entre el Poder Judicial de Coahuila y la comunidad de abogados litigantes de la región lagunera se intensificó tras las declaraciones del magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup, quien acusó a los litigantes de realizar juicios mediáticos y prolongar procesos intencionalmente para obtener beneficios económicos.
Durante una conferencia de prensa, Mery Ayup explicó que el tribunal ha establecido un criterio jurídico específico respecto a la violencia vicaria, configurándose únicamente cuando la víctima es una mujer, derivado de razones históricas, lineamientos de la Suprema Corte y acciones afirmativas. Precisó que esta interpretación fue definida por el pleno del tribunal a solicitud de un juez.
En relación con un caso que ha generado atención mediática y que involucra a un menor de 8 años, el funcionario indicó que actualmente se encuentra en etapa de imputación, luego de que se solicitara la duplicidad del término constitucional. La audiencia correspondiente está programada para los próximos días. Agregó que el juez no imputó el delito de violencia vicaria, sino violencia familiar en su modalidad psicológica, así como sustracción de menor.
Mery Ayup criticó que este asunto haya sido expuesto públicamente por abogados y partes involucradas. Nosotros no litigamos en medios ni resolvemos en redes sociales. Las decisiones se toman con base en pruebas, dentro del proceso judicial, enfatizó.
El magistrado también cuestionó prácticas de algunos abogados que prolongan los procesos legales de manera intencional para obtener mayores beneficios económicos, lo que además implica un desgaste para el sistema de justicia. Además, calificó como falta grave de ética profesional la estrategia de manipular el sistema mediante la recusación de jueces.
Ante esto, el Colegio Regional de Abogados de La Laguna emitió un manifiesto de inconformidad en el que rechaza las expresiones de Mery Ayup, señalando que lejos de entorpecer los procedimientos, procuran que los mismos atraviesen con celeridad por todas sus etapas procesales.
Los abogados指出 las dilaciones procesales se atribuyen principalmente a la falta de apoyo a los titulares de los juzgados, secretarios y actuarios judiciales. Indicaron que en los juzgados familiares, la radicación de una demanda tarda de dos a cuatro meses, los acuerdos fácilmente sobrepasan los 10 días y una cita con un notificador judicial para emplazar puede tardar hasta 15 días.
Exigimos una rectificación pública y el establecimiento de un diálogo abierto para fortalecer la relación entre el Poder Judicial y la comunidad de abogados litigantes, establece el documento.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Torreón consideró las afirmaciones como vergonzosas, desatinadas e infundadas, y acusó que buscan limitar la libertad de expresión. El origen del debate fue el caso de una mujer identificada como Karyna, de quien inicialmente se dijo que había sido detenida por violencia vicaria, pero posteriormente se aclaró que era por acusaciones de violencia familiar.