Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados tiene programado sesionar después del receso de Semana Santa para discutir la solicitud de desafuero contra el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. El diputado Hugo Eric Flores, titular de dicho órgano, confirmó que la reunión se llevará a cabo antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias, con el objetivo de no entorpecer la discusión de la reforma electoral conocida como Plan B.
El procedimiento legislativo responde a una acusación formal presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, la cual imputa a Moreno Cárdenas los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público por un monto de 83 millones de pesos. Esta solicitud pone en marcha el mecanismo constitucional para retirar la inmunidad parlamentaria al legislador y permitir que enfrente un proceso penal.
Paralelamente al proceso de desafuero, existen antecedentes administrativos relacionados con la gestión de Moreno como gobernador de Campeche, cargo que ocupó entre septiembre de 2015 y junio de 2019. Reportes de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que en enero de 2022, tres años después de que dejó la gubernatura, aún permanecían pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos, lo que representaba el 98 por ciento del total de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2018.
De acuerdo con análisis de datos sobre las cuentas públicas de ese periodo, la ASF detectó posibles desvíos por 3 mil 435 millones de pesos en 2018. Aunque una parte significativa de estos recursos, más de 2 mil 700 millones de pesos, fue perdonada o solventada en años posteriores, críticos como Ricardo Gabriel López Ruiz y Pablo Angulo Briseño han señalado que la gestión de David Colmenares al frente de la ASF resultó benévola para el priista, permitiendo el perdón de cuentas pendientes.
La decisión de la Comisión Instructora de retomar el expediente tras el descanso vacacional marca el siguiente paso en el proceso jurídico-legislativo. Mientras se define la situación constitucional del senador, las cifras sobre las irregularidades detectadas en su ex gobierno continúan siendo objeto de escrutinio público y político, diferenciando la acusación penal actual de los hallazgos administrativos previos.