Ciudad de Mexico, 23 de junio de 2026.- Una columna de opinión publicada en zetatijuana.com critica la gestión financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California (Issstecali), señalando que la mala administración y el saqueo constante por parte de gobernantes y funcionarios han sumido a la institución en una grave crisis económica y de servicios.
El texto destaca que hace ocho años, el entonces gobernador Francisco ‘Kiko’ Vega incumplió el pago al magisterio. A Vega se le señala como cabeza de una administración descrita como “tramposa, equivocada y obscura” en el manejo de los dineros públicos. Según la investigación, los problemas comenzaron en 2010, cuando los gobiernos dejaron de cumplir con sus aportaciones y se apropiaron de los recursos económicos del instituto.
La columna afirma que los gobernantes estatales, pertenecientes al PRI, PAN y Morena, así como directores y funcionarios del Issstecali, son responsables de la situación actual. Se indica que utilizaron al organismo como su “caja chica grandota”, saqueándolo de forma constante e impune. Como consecuencia de este desvío, la institución ha dejado de pagar salarios, pensiones, finiquitos y otras prestaciones económicas a los trabajadores estatales.
Además del saqueo financiero, el artículo señala que algunos funcionarios son acusados de abultar la nómina otorgando bases a familiares, amigos y allegados sentimentales. Ante la falta de recursos, Óscar Hernández, citado en la columna, califica la situación como “irresponsable, insensible y casi criminal”, advirtiendo que está en juego “el bienestar, la salud y tal vez la vida de quienes deberían estar tranquilos”.
El texto también menciona declaraciones pasadas de Jaime Bonilla, quien afirmó: “el problema de los maestros lo resuelvo en 15 minutos”. Sin embargo, la columna subraya que actualmente “no hay dinero” y que algunos jubilados han fallecido durante este periodo aciago.
Finalmente, la crítica se extiende a nivel federal, indicando que desde la presidencia del país, con la reforma al artículo 127 constitucional y pretextando la existencia de “pensiones doradas”, se amenaza a los jubilados con reducir el monto de sus pensiones de forma retroactiva. El medio precisa que dicha reducción no afectará a las Fuerzas Armadas ni a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).