Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición formada por 24 estados, junto con una docena de ciudades y condados de Estados Unidos, presentó una demanda legal contra la administración de Donald Trump y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por la revocación de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial fue interpuesta ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y argumenta que la EPA actuó ilegalmente al eliminar una conclusión científica establecida en 2009, la cual determinaba que dichos gases representan una amenaza para la salud pública.
La medida de la administración Trump, implementada en febrero de 2026, se llevó a cabo en contra del consenso científico existente. Los demandantes sostienen que la anulación de la conclusión de hace 17 años carece de fundamento legal y pone en riesgo la seguridad ambiental y sanitaria de la población. La demanda busca revertir la decisión ejecutiva que relajó los controles sobre las emisiones contaminantes.
Se prevé que este nuevo litigio se sume a una demanda anterior presentada por grupos ecologistas, quienes también han cuestionado la política ambiental del gobierno federal. La convergencia de estas acciones legales de estados, localidades y organizaciones civiles marca un frente común de oposición a la estrategia de la EPA bajo la actual presidencia.
El caso queda ahora bajo la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde se determinará la validez de los argumentos presentados por la coalición de estados y ciudades. La resolución judicial tendrá implicaciones directas sobre la regulación de emisiones en el territorio estadounidense y definirá el marco de actuación de la agencia ambiental para el resto del año.
Esta controversia legal se desarrolla en un contexto de polarización respecto a las políticas climáticas en Estados Unidos, donde la protección de la salud pública mediante regulaciones de calidad del aire enfrenta desafíos por parte de la ejecutiva federal. La evolución del proceso judicial será monitoreada por los actores involucrados, dado el precedente que podría establecer sobre la autoridad de la EPA para modificar conclusiones científicas de larga data.