Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación, perteneciente a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio, logrando detener los trabajos de construcción del complejo petroquímico.
Felipe Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira y vocero del movimiento, anunció que mantenerían el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales. “Nosotros tomaremos la instalación el lunes (15 de junio) hasta tener resultados”, declaró Montaño Valenzuela, quien añadió: “Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”. Ante la situación, el líder indígena sentenció: “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”.
El conflicto por la planta de amoniaco y metanol inició en 2014 y el proyecto lleva actualmente un 88% de avance. La instalación pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco con un financiamiento de 860 millones de dólares por parte del banco público alemán KfW IPEX-Bank. Los manifestantes señalan que el proyecto afectaría a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río, ubicados en la bahía de Ohuira, donde se encuentra el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR.
Entre los impactos ambientales denunciados se encuentran el relleno de 28 hectáreas de humedales, la tala de manglares y la migración de parte de la fauna. Se prevé que la planta succione 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, descargando en la bahía agua con una temperatura de hasta tres grados más que la original. Además, un informe de la empresa alertó de posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, impactando a más de 40,000 personas. El colectivo ¡Aquí no! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a habitantes de Ahome y Mazatlán.
En respuesta al conflicto, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales. Durante el encuentro, Bárcena señaló que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. La Semarnat informó que inició una revisión técnica y científica exhaustiva del caso. Paralelamente, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al Gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos de financiamiento público destinados al proyecto.