Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone un techo a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas. La medida, impulsada por el Ejecutivo federal, cuenta con aplicación retroactiva y fue validada durante la sesión del 25 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
El nuevo ordenamiento establece que ninguna pensión podrá exceder la mitad de la remuneración correspondiente al titular del Ejecutivo federal. En términos prácticos, esto fija un tope aproximado de 70,000 pesos mensuales, tomando como referencia el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La reforma afecta directamente a jubilados de entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
La votación mostró divisiones en las cifras reportadas sobre el resultado final. Mientras una fuente indica que la aprobación se dio con 458 votos a favor en lo general, otro registro parlamentario detalla un marcador de 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. A pesar de las inconformidades, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, anunció que su bancada votaría a favor de la iniciativa, aunque advirtió sobre los riesgos jurídicos de la retroactividad y señaló que la estrategia de Morena no es eficaz para eliminar las llamadas pensiones doradas.
Durante el debate, la diputada Margarita Zavala criticó duramente el dictamen, sosteniendo que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Zavala argumentó que los legisladores emitieron su voto basándose en información imprecisa o falsa respecto a las implicaciones legales de la modificación. Por su parte, el texto aprobado excluye explícitamente de este tope a las Fuerzas Armadas, así como a las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas.
La sesión se desarrolló en un clima de tensión, marcado por protestas de jubilados de empresas públicas que intentaron ingresar por la fuerza al recinto legislativo para rechazar la medida. Con esta aprobación en la Cámara baja, la reforma avanza en el proceso legislativo bajo la advertencia de posibles controversias constitucionales debido a la aplicación de los nuevos límites a derechos adquiridos con anterioridad.