Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, se enfrentan en una disputa pública para determinar la responsabilidad del colapso de un edificio en la colonia San Antonio Abad que dejó tres personas muertas el pasado 9 de marzo. La controversia gira en torno a la supervisión de la demolición autorizada mediante un Acuerdo de Facilidades, tras haberse detectado inicialmente diez riesgos graves en la estructura.
Rojo de la Vega señaló que la responsabilidad de la supervisión recaía en el gobierno capitalino, argumentando que el Acuerdo de Facilidades “obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”. La alcaldesa calificó la decisión de autorizar la demolición como deliberada, afirmando que “no fue un error. Fue una decisión”.
Por su parte, Inti Muñoz Santini, en conferencia de prensa, sostuvo que la responsabilidad primaria de vigilancia correspondía “de manera ineludible” a la alcaldía Cuauhtémoc, independientemente de la existencia del acuerdo. Esta postura contradice directamente la versión de la alcaldesa, generando un conflicto institucional sobre la atribución de competencias en materia de supervisión de obras de riesgo.
El permiso de demolición para el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124 había sido negado inicialmente el 17 de octubre debido a los múltiples riesgos detectados, pero fue autorizado apenas tres días después mediante el mecanismo de Acuerdo de Facilidades. Este rápido cambio en la decisión administrativa se encuentra ahora en el centro de la investigación.
El incidente ocurrido hace nueve días ha expuesto las grietas en los protocolos de coordinación entre el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías en materia de seguridad estructural. Mientras las autoridades se disputan las responsabilidades, la identidad de las tres víctimas mortales y de la empresa propietaria del edificio aún no han sido divulgadas oficialmente.
La tragedia en San Antonio Abad reactiva el debate sobre la supervisión de construcciones y demoliciones en una ciudad con un parque inmobiliario envejecido, donde la corresponsabilidad entre distintos niveles de gobierno resulta fundamental para prevenir este tipo de desastres.