Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, marcando un avance legislativo en materia habitacional. Simultáneamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reveló cifras sobre sus donativos a instituciones científicas y educativas, aunque enfrenta críticas por la cancelación de becas universitarias en 2025 debido a falta de presupuesto, mientras mantenía fondos para eventos sindicales.
La aprobación de la reforma habitacional se dio en un contexto de amplia mayoría legislativa. Aunque la presidenta de la Comisión de Vivienda, Maribel Martínez Ruiz, es la figura central en la comisión, la votación reflejó el respaldo transversal a la iniciativa. Paralelamente, en el ámbito judicial, la SCJN reportó que en 2024 donó 7 millones de pesos a la UNAM y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. En total, el tribunal ha destinado 32.5 millones de pesos en los últimos años para fines similares.
Sin embargo, datos financieros del máximo tribunal muestran una contradicción en la asignación de recursos. Mientras se cancelaron los donativos para becas de la UNAM y la asociación de impartidores de justicia en 2025 por insuficiencia presupuestal, en ese mismo ejercicio la Corte destinó 1.5 millones de pesos al Sindicato del Poder Judicial para la realización de eventos. Entre 2021 y 2024, el monto destinado a actividades sindicales ascendió a 10.2 millones de pesos.
En materia de justicia con perspectiva de género, Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, reconoció que aún no se ha alcanzado la equidad real entre hombres y mujeres en México, a pesar de los convenios firmados para fortalecer este enfoque. Datos del sistema judicial indican disparidades regionales; por ejemplo, en Quintana Roo, 62 de los 117 cargos judiciales son ocupados por mujeres. Mónica Soto Fregoso, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es otra de las figuras involucradas en estos esfuerzos institucionales.
En el sector ejecutivo y local, el proyecto Viviendas del Bienestar en San Pedro contempla la construcción de 2,490 casas. Esta iniciativa cuenta con la participación de Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, y genera interacción con actores sociales como Tereso Medina de la CTM. A nivel local, la diputada Diana Sánchez Barrios y autoridades de la Alcaldía La Magdalena Contreras, como Fernando Mercado Guaida, mantienen presencia en la discusión de políticas urbanas y sociales.
La agenda legislativa y judicial también incluye tensiones ideológicas y administrativas en otros frentes. La Arquidiócesis de México y el Congreso de Aguascalientes han tenido participación en debates relacionados con derechos sociales. Además, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlali Hernández Mora, continúa trabajando en la integración de políticas públicas con enfoque de género, en un escenario donde más del 55% de la población ocupada en México labora en el sector informal, lo que complica el acceso a derechos formales como la vivienda.
Las acciones realizadas en múltiples espacios, desde el Congreso de la Unión hasta gobiernos estatales y alcaldías, reflejan una dinámica política descentralizada. Mientras se avanzan reconocimientos de derechos, persisten desafíos en la transparencia y priorización del gasto público, evidenciados en las discrepancias entre los recortes a la educación y el mantenimiento de gastos operativos sindicales dentro del poder judicial.