Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó este martes las reformas a la Ley de Vivienda que modifican el marco jurídico para permitir que instituciones como Infonavit y Fovissste constituyan filiales destinadas a comprar terrenos, construir y remodelar viviendas para su venta o renta. La votación en lo general registró 356 votos a favor y 99 en contra, mientras que en lo particular se aprobó con 354 votos a favor y 95 en contra, consolidando el cambio del concepto de “vivienda digna y decorosa” al de “vivienda adecuada”.
La reforma, avalada por el partido Morena y sus aliados legislativos, transforma el rol de las instituciones de vivienda, pasando de ser facilitadoras de crédito a actuar como intermediarias y desarrolladoras directas. Según el texto aprobado, el Estado busca intervenir más activamente en la cadena de producción habitacional para garantizar el acceso a la población. La modificación legal fue discutida en el pleno legislativo de la capital del país, donde se definió la nueva orientación de la política habitacional federal.
Durante el debate, surgieron posturas divergentes sobre el impacto financiero de la iniciativa. Legisladores del PAN y del PRI objetaron la reforma argumentando que se traslada la carga de la construcción a los fondos de los trabajadores, alterando la naturaleza original de las instituciones. La diputada Blanca Gutiérrez Garza, del PAN, expresó su preocupación respecto a que el modelo actual se convierta en uno donde el Estado asuma riesgos de desarrollo inmobiliario con recursos de los afiliados.
Por su parte, la fracción de Morena defendió la iniciativa como un modelo de “vivienda del bienestar”, asegurando que la participación directa del Estado en la construcción y comercialización permitirá reducir costos y eliminar intermediarios privados que encarecen el acceso a la vivienda. La diputada Sandra Patricia Palacios, de Morena, sostuvo que la actualización del término a “vivienda adecuada” responde a los estándares contemporáneos de habitabilidad y servicios urbanos necesarios.
En paralelo a la aprobación legislativa federal, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció un programa estatal de vivienda social con respaldo federal que incluye una inversión autorizada de 10,000 millones de pesos. Este proyecto busca aumentar la meta de viviendas en la entidad de 33,800 a 65,000 unidades, con 9,694 ya en construcción y 18,126 en planeación, aunque estos anuncios corresponden a una línea de acción ejecutiva distinta al proceso legislativo aprobado en la Cámara de Diputados.
La reforma a la Ley de Vivienda publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación establece los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar el objetivo de vivienda adecuada, segura y con servicios. Con esta aprobación, el marco legal queda listo para que las instituciones operen sus nuevas filiales, marcando un precedente en la gestión de la política habitacional en México que prioriza la intervención directa del Estado en el mercado inmobiliario.