Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de una unidad universal de interpretación de imagenología para que todos los mexicanos puedan realizar tomografías y resonancias magnéticas de manera gratuita. En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que permitirá a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) participar en proyectos de infraestructura relacionados con servicios de salud.
Sheinbaum declaró que habrá una unidad de servicios a finales de este año, la infraestructura está lista y se están comprando los equipos necesarios. Explicó que será una unidad donde se puedan hacer tomografías y resonancias magnéticas, habrá radiólogos y por internet se enviará el estudio a la institución de salud a la que pertenezca el paciente.
El proyecto forma parte de la iniciativa para crear un sistema de salud universal para que los mexicanos puedan atenderse en todas las instituciones sin importar si pertenecen al IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar. El proceso de universalización de los servicios de salud comenzará el 13 de abril en 24 entidades federativas. El primer paso será la credencialización, comenzando con las personas mayores de 85 años.
Respecto a la reforma legislativa, el dictamen fue avalado con 423 votos a favor, 37 en contra y ninguna abstención. La reforma faculta a la SICT a intervenir en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas vinculadas a infraestructura de salud. El decreto establece que su implementación no implicará recursos adicionales, ya que las erogaciones se cubrirán con el presupuesto ya aprobado para la SICT.
Sandra Patricia Palacios Medina declaró: “Hoy le respondemos al pueblo, le respondemos la exigencia de una salud digna”. Por otro lado, Gerardo Ponce de León Valdés mencionó que “no se sabe cómo operará en la realidad, ‘que es donde aparecen las grietas'”.
Miguel Alonso Reyes señaló: “No se trata de una secretaría especializada en salud pública, ni cuenta con el conocimiento clínico para identificar las necesidades reales”. El Ejecutivo federal tendrá un plazo de 180 días hábiles para realizar las adecuaciones normativas necesarias.