Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- De acuerdo con indagaciones de grupos de observadores y mensajes detectados en medios extranjeros, el Gobierno de Estados Unidos está dando prioridad a la participación del crimen organizado en procesos electorales municipales y estatales, con un enfoque particular en el escenario de las elecciones de 2027. Las actividades públicas del área de seguridad nacional de la Casa Blanca y decisiones del Tesoro han colocado aparatos de investigación sobre cárteles que se fortalecieron durante la estrategia de “abrazos, no balazos” del tiempo lopezobradorista.
Los grandes capos capturados, secuestrados o extraditados están siendo interrogados para obtener elementos sobre la configuración del poder político y criminal en zonas bajo intereses financieros del delito. Según el análisis, Estados Unidos no busca desaparecer a los cárteles, sino tomar el control de la producción y administrar el contrabando para satisfacer necesidades de adictos y acceder a recursos multimillonarios, utilizando al narcotráfico para controlar a nuevos grupos morenistas vinculados al huachicol fiscal y al tráfico de drogas de Sinaloa.
En el ámbito interno, las estadísticas oficiales reportan una disminución sensible de homicidios dolosos respecto a las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la ciudadanía expresa percepciones de inseguridad basadas en robos cotidianos y falta de resultados de policías municipales y estatales. De acuerdo con indagaciones, el 95 por ciento de los delitos no se denuncian, fenómeno conocido como “cifra negra”, y poco menos del 90 por ciento de las investigaciones no terminan en sentencias que saquen a delincuentes de circulación.
No existe ningún programa concreto para reformular la estructura judicial que recibe denuncias de fuero común, manteniéndose los mismos ministerios públicos y policías de investigación. El Gobierno federal es reacio a reconocer el problema de los desaparecidos como asunto de seguridad pública y aparecen de manera improvisada formas para combatir la extorsión. En la Ciudad de México, el narcotráfico al menudeo y delitos asociados al ambulantaje son controlados por grupos muy organizados, un problema conocido en altos niveles pero no combatido por la ramificación de intereses criminales.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuenta actualmente con alrededor de 80,000 elementos, incluyendo policía preventiva, auxiliar y bancaria e industrial. No obstante, la corporación opera al límite: hay personal en incapacidad, vacaciones o licencias, y la carga de trabajo de los policías en activo rebasa considerablemente sus horas de jornada. Eventos masivos como el reciente partido entre México y Portugal movilizaron a casi 11,000 elementos, dejando desatendidas diversas colonias.
A 55 días del arranque del Mundial, se proyecta una presión sin precedente para la fuerza pública durante los 39 días de la justa. La ciudad albergará cinco partidos que requieren seguridad para equipos, cuerpos arbitrales y mandatarios, además de los Fan Festivals en las 16 alcaldías, donde el principal en el Zócalo estima 60,000 asistentes diarios. Estos eventos demandarán apoyo desde tres horas antes hasta tres horas después de cada juego, coincidiendo con anuncios de protestas sociales.
Por otro lado, análisis sobre la Cuarta Transformación indican que, aunque tuvo origen en la necesidad de contener antagonismos del neoliberalismo, esa “prometida mutación” incrementó y dio continuidad a la corrupción. Se señala que la actual gobernanza es responsable de la narcopolítica, la cual ha sido catalogada más allá de las fronteras como narcoterrorismo. Se afirma que la justicia es impotente e ineficiente ante la impunidad, y que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo no es todavía lo bastante fuerte para ordenar el encarcelamiento de los responsables políticos de este fenómeno.