Ciudad De México, 04 de junio de 2026.- Los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, rechazaron públicamente las versiones difundidas en medios internacionales que señalan que Estados Unidos les ha retirado la visa y que se encuentran bajo investigación federal por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El diario estadounidense Los Angeles Times, en un reportaje firmado por Steve Fisher y Kate Linthicum, indicó que ambas autoridades estatales están siendo investigadas y que habrían sido despojadas de sus visas, aunque continuarían ingresando al país vecino mediante autorizaciones especiales. El reporte específico para el caso de Tamaulipas menciona una investigación por tráfico de combustible pirata.
En respuesta, Alfonso Durazo Montaño afirmó que mantiene vigente su documento migratorio y aseguró no haber recibido notificación alguna por parte de las autoridades estadounidenses. “No muerdan todos los anzuelos. Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente. Tengo mi visa vigente, no tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país extranjero”, declaró el gobernador de Sonora.
Sobre las acusaciones de falta de transparencia, Durazo añadió: “Siempre he actuado con integridad y transparencia, casi sudo agua bendita”. Por su parte, el gobierno de Tamaulipas, a través de su vocero Gerardo Algarín, negó de manera categórica que el gobernador Villarreal esté siendo investigado por huachicol en Estados Unidos.
Algarín calificó lo publicado en el medio estadounidense como “señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde”. Mientras tanto, Lilian Soto, vocera del gobierno de Arizona, informó que se sigue de cerca la situación.
“Hemos visto los reportes sobre funcionarios mexicanos y estamos monitoreando la situación de cerca. México es nuestro principal socio comercial internacional, mantenemos una relación histórica muy importante. Cualquier vínculo con el crimen organizado sería inaceptable, y cualquier persona que resulte culpable debe responder ante la ley”, señaló Soto. Ante estos hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado este tipo de acciones como posibles actos de injerencia que tensan la relación bilateral.