Badiraguato, 08 de abril de 2026.- Un juez federal vinculó a proceso a 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por el homicidio de dos niñas de 11 y 7 años, identificadas como Leidy Rojas y Alexa Medina, ocurrido el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, Sinaloa.
La resolución fue emitida el 6 de abril de 2026 por el juez Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis. El magistrado dictó el auto de vinculación a proceso bajo la figura del dolo eventual, desestimando los argumentos de la defensa de los militares.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas en una carretera rural del municipio serrano de Badiraguato. Según la investigación, la familia se desplazaba en una camioneta con destino a la escuela cuando, al encontrar el camino bloqueado, dio media vuelta. En ese momento, un convoy de tres vehículos del Ejército Mexicano, pertenecientes al 42º Batallón de Infantería con sede en Guamúchil, circulaba en sentido contrario y abrió fuego sin previo aviso contra el vehículo familiar.
Los militares dispararon al menos 119 veces contra la camioneta. Además de las dos niñas fallecidas, resultaron heridos otros dos menores, Silvia y Gael Medina, de 14 y 12 años, así como los padres de una de las víctimas. La Fiscalía General de la República (FGR) acusaba a los uniformados de homicidio por el caso de las niñas, y de homicidio en grado de tentativa por el caso de los otros dos menores y los padres heridos.
La defensa de los militares argumentó que sus defendidos dispararon porque creyeron de forma equivocada que enfrentaban una amenaza real. Los abogados sostuvieron que los soldados “actuaron en un contexto de violencia en el Estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo” y que lo sucedido “no podía evitarse en ese momento”. El juez desestimó dicha argumentación.
Las órdenes de aprehensión en contra de los 13 militares se ejecutaron y las víctimas fueron notificadas el 31 de marzo de 2026. De manera paralela al proceso civil, la jurisdicción militar abrió una investigación sobre los mismos hechos. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acompaña a la familia en el litigio.
Inicialmente, las autoridades informaron que la familia había sido víctima de un fuego cruzado entre militares y criminales. Sin embargo, los testimonios de los supervivientes indicaron que no hubo ningún enfrentamiento y que los uniformados dispararon sin que mediara amenaza alguna. Semanario ZETA señala que la versión del enfrentamiento nunca fue desmentida ni corregida públicamente por la SEDENA.