Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en la madrugada de este miércoles una versión modificada del llamado Plan B en materia electoral, luego de que el Partido del Trabajo (PT) rechazara incluir los puntos medulares relacionados con la revocación de mandato y las campañas anticipadas. La votación, realizada aproximadamente a las 23:00 horas, consolidó un acuerdo entre Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano para avanzar con una reforma que excluye los artículos constitucionales que habilitarían procesos de rendición de cuentas antes de tiempo.
La aprobación en lo general de esta iniciativa representa un segundo intento del ejecutivo federal tras no alcanzar la mayoría calificada necesaria en la Cámara de Diputados con la propuesta original. El texto que ahora pasa a la siguiente etapa legislativa se centra en medidas administrativas y de austeridad, como la reducción de regidurías, la limitación de gastos en los congresos estatales y el establecimiento de topes salariales para funcionarios de órganos electorales, dejando fuera la controversia sobre el Artículo 35 constitucional.
Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo, marcó la postura de su bancada al señalar que, si bien la fuerza política mantiene su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al movimiento transformador, no acompañará la aprobación del artículo 35. Esta decisión fue determinante para que el dictamen se tramitara sin los mecanismos que permitirían una revocación de mandato en 2027 o campañas presidenciales anticipadas, elementos que fueron identificados como los más conflictivos dentro del paquete inicial.
En el debate previo a la votación, legisladores de otras fuerzas políticas presentes en la sesión, como Agustín Dorantes por el Partido Acción Nacional (PAN) y Clemente Castañeda por Movimiento Ciudadano (MC), externaron sus posturas respecto a los alcances de la reforma. La dinámica parlamentaria reflejó la necesidad de construir consensos alternos ante la falta de unanimidad en la coalición gobernante respecto a los temas de reelección y revocación, obligando a mutilar el contenido de la iniciativa para asegurar su viabilidad en el pleno senatorial.
Con este resultado, el proceso de reforma electoral entra en una nueva fase donde los aspectos institucionales y de gasto público tendrán prioridad sobre las modificaciones a las reglas de participación ciudadana directa. El PT, que cuenta con seis senadores, mantuvo su influencia decisiva al condicionar su voto, lo que derivó en un escenario legislativo donde la aprobación parcial del Plan B responde a la aritmética política actual y a las líneas rojas establecidas por los aliados del oficialismo.