Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente la posibilidad de indultar a Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994, al definir el caso como un “asunto de Estado” que no admite medidas de gracia individual. La declaración se produce en el contexto de la reapertura de investigaciones judiciales que analizan la hipótesis de un segundo tirador y la participación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen.
De acuerdo con documentos del Poder Judicial de la Federación citados por el diario La Jornada, el proceso legal sigue activo para determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados más de tres décadas después del magnicidio. La postura de la titular del Ejecutivo busca cerrar especulaciones sobre una liberación anticipada del recluso, manteniendo la sentencia vigente mientras las autoridades judiciales profundizan en las nuevas líneas de investigación.
La situación procesal de Mario Aburto Martínez, así como el estado de la apelación respecto a Jorge Antonio Sánchez Ortega, permanecen bajo revisión de las instancias federales. Aunque la Fiscalía General de la República no ha mencionado oficialmente que se haya tratado de un complot, la reapertura del caso ha generado un debate político sobre las circunstancias originales del crimen ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana.
En medio de la discusión, surgieron contrastes en la interpretación de las facultades ejecutivas. Mientras la presidenta sostiene que la naturaleza del caso impide un indulto, voces legislativas han señalado que existe la capacidad legal para otorgarlo, aunque no la voluntad política para hacerlo. Este desacuerdo refleja la complejidad jurídica y simbólica que rodea al crimen del candidato presidencial del PRI.
El caso continúa siendo un punto de referencia en la agenda nacional, con la investigación judicial avanzando para esclarecer si existió una conspiración mayor o un segundo ejecutor. La decisión de Sheinbaum de no intervenir en la pena de Aburto marca una línea clara desde el gobierno federal, priorizando el seguimiento de los procesos legales sobre cualquier resolución administrativa extraordinaria.