Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis en el sistema de justicia penal mexicano alcanzó niveles críticos este año, evidenciada por una impunidad estructural que deja solo una de cada 10 denuncias con resolución efectiva y un alarmante incremento en la violencia letal contra fuerzas de seguridad, con 82 policías asesinados entre enero y el 10 de marzo.
De acuerdo con el estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, presentado por la organización México Evalúa con base en datos del INEGI, el 93.8% de las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación, pero apenas el 6.28% logra avanzar hasta una acción penal. Esta filtración masiva de casos en las primeras etapas del proceso judicial consolida un escenario donde el 89.45% de los delitos quedan sin sanción alguna.
La gravedad del fenómeno varía según la entidad federativa, mostrando brechas profundas en la confianza ciudadana hacia las instituciones. En estados como Coahuila y Durango, la cifra negra alcanza niveles extremos: el 90.7% y el 92.6% de los delitos cometidos no fueron denunciados respectivamente, lo que sugiere una percepción generalizada de inutilidad del aparato jurídico para proteger a la población o castigar al culpable.
Paralelamente a la parálisis judicial, la violencia contra los operadores del sistema se ha intensificado. El reporte de la organización Causa en Común indica que, en los primeros 70 días de 2026, 82 elementos policiales fueron ejecutados en el ejercicio de sus funciones o por motivos relacionados con su labor. Esta cifra proyecta un ritmo anual que podría superar los registros de años anteriores, colocando a las corporaciones locales en una situación de alta vulnerabilidad sin garantías estatales suficientes.
La convergencia de estos dos factores —la incapacidad para procesar delitos y la incapacidad para proteger a quienes investigan— dibuja un panorama de colapso funcional. Expertos señalan que mientras la impunidad sirva como incentivo para la delincuencia organizada y común, y el riesgo de muerte para los policías sea tan alto, cualquier reforma superficial al código penal resultará insuficiente para restaurar el estado de derecho.
Ante este escenario, las organizaciones civiles exigen no solo la publicación de metodologías más transparentes por parte de las instituciones gubernamentales, sino la implementación de estrategias integrales que aborden desde la protección del personal de seguridad hasta la eficiencia en la persecución del delito, rompiendo el ciclo de desconfianza que alimenta la cifra negra en todo el territorio nacional.