Por Redacción
Ciudad De México, 13 de agosto de 2026.- El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del gobernador Javier May Rodríguez. La denuncia fue tramitada desde el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, donde Bermúdez Requena permanece bajo prisión preventiva.
La queja tiene como eje tres momentos específicos en los que el mandatario estatal se refirió públicamente al exfuncionario. El primer episodio ocurrió el 13 de noviembre de 2024, cuando May fue cuestionado sobre quién comandaba el grupo conocido como La Barredora y respondió: “Todos saben”, tras señalar afirmativamente que se conocía al responsable.
El segundo hecho citado data del 22 de septiembre de 2025, fecha en la que el gobernador afirmó que en la investigación contra el exfuncionario “se tiene que saber la verdad, por muy dura que sea”. Posteriormente, el 31 de marzo de 2026, May declaró que no se descartaban nuevas imputaciones contra Bermúdez Requena y que las autoridades contaban con información y pruebas para integrar nuevos argumentos.
Bermúdez Requena sostiene que estos pronunciamientos generaron ante la opinión pública una narrativa de culpabilidad antes de que exista una sentencia. En su denuncia de once páginas, precisa los momentos en los que el gobernador ha sido “pues un juez de facto calificándolo y juzgándolo en sus declaraciones ante los medios de comunicación”, según detalló el periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga, quien tuvo acceso a la queja y a una carta manuscrita del denunciante.
El exsecretario pide a la CNDH que examine las declaraciones bajo el principio de presunción de inocencia, particularmente en su dimensión como regla de trato extraprocesal. La petición incluye que la comisión revise las pruebas aportadas, entre ellas publicaciones de medios de comunicación nacionales que reprodujeron las declaraciones de las autoridades.
En el escrito, Bermúdez Requena solicita que la queja sea admitida y que se investiguen los hechos. De determinar la CNDH que existió una violación a sus derechos humanos, el denunciante pide que emita la recomendación correspondiente, así como una disculpa pública institucional.
Finalmente, plantea que las autoridades se abstengan de anticipar responsabilidad penal mientras continúen pendientes los procesos judiciales.