Por Redacción
Tamaulipas, 03 de agosto de 2026.- El homicidio de Dafne Zapata, una adolescente de trece años, ocurrido durante un campamento de una academia militarizada en Tamaulipas, ha generado una reflexión sobre la existencia de estas instituciones. Emilio Ulloa afirma que este caso pertenece a la categoría de tragedias que “obligan a un país entero a preguntarse cómo fue posible que el Estado permitiera durante años la existencia de instituciones donde la violencia podía presentarse como un método educativo”.
De acuerdo con los hechos extraídos, la Secretaría de Educación Pública nunca autorizó la modalidad educativa de academias militarizadas, ni según la Constitución ni la Ley General de Educación. A pesar de ello, Ulloa indica que “durante décadas, numerosas academias privadas vendieron a miles de familias una promesa seductora: convertir adolescentes ‘rebeldes’ en jóvenes responsables mediante una formación inspirada en la vida castrense”.
La investigación sobre la muerte de Dafne reveló testimonios que describen “prácticas reiteradas: golpes, castigos extremos, ejercicios físicos desproporcionados, aislamiento, humillaciones y un código de silencio impuesto por el temor”. A esto se sumaron los antecedentes de otros menores fallecidos en academias similares, lo que permitió identificar “un patrón de violencia institucional más que una simple sucesión de accidentes”.
Ante estos hallazgos, Ulloa cuestiona: “Si las autoridades educativas estatales son las responsables de autorizar y supervisar planteles particulares, ¿por qué fue necesaria la muerte de tres menores para iniciar una revisión nacional?”. El analista subraya que existe una responsabilidad institucional cuando “el Estado omite supervisar adecuadamente y normaliza vacíos regulatorios o permite que instituciones privadas construyan modelos educativos al margen del marco jurídico”.
En conclusión, Emilio Ulloa enfatiza que “la disciplina no puede ser sinónimo de violencia”, mientras se destaca que la omisión estatal también produce consecuencias graves en la seguridad de los menores.