Por Redacción
Mexicali, 26 de julio de 2026.- La captura de cuatro menores de edad involucrados en un secuestro y tres implicados en un asesinato ha evocado el abandono institucional que sufren los menores en la entidad, mientras el oficialismo solicita el endurecimiento de las penas. En poco más de una semana, ocho menores fueron detenidos vinculados a crímenes considerados atroces, como secuestro y homicidio.
Dos de los ocho detenidos tienen 13 y 14 años de edad. Tres de ellos fueron señalados como autores del asesinato de Flaviano López Martínez, de 50 años, conductor de la plataforma InDrive. Según los hechos extraídos, lo habrían matado de un balazo, trasladado a un terreno despoblado donde incendiaron su cuerpo, no sin antes videograbarlo, exhibirlo y ridiculizarlo. Los otros cinco fueron capturados en Playas de Tijuana por privación de la libertad.
Ante estos sucesos, la única respuesta del sector político ha sido la del diputado Juan Manuel Molina, quien propone endurecer las penas contra menores infractores. Esta postura centra el debate en establecer como únicos responsables a los adolescentes, sin analizar las condiciones materiales de la población, la precarización en la que viven, su susceptibilidad a la delincuencia organizada, ni la deshumanización y falta de atención temprana de salud mental.
El contexto de estos arrestos recuerda lo ocurrido en septiembre de 2022, cuando funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acompañados de la Fiscalía General del Estado (FGE), irrumpieron en la casa hogar “A Way Out”. Este inmueble, ubicado en la colonia Robledo de Mexicali, era dirigido por la activista Gabriela Ortiz y atendía a niños y adolescentes que ninguna otra institución recibía, incluyendo jóvenes con historial criminal, consumo de enervantes o vínculos con la delincuencia organizada.
El albergue cerró sus puertas debido a la detección de supuestos abusos que nunca fueron confirmados. Las acusaciones emitidas por el DIF y la FGE no pudieron sostenerse y cada uno de los señalamientos fue desacreditado. Respecto a denuncias de que los menores eran obligados a hacer sus necesidades en baldes y contenedores, se señaló que la realidad era que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) dejó sin agua el inmueble por varios días, obligando a usar alternativas ante la necesidad y la sobrepoblación.
Gabriela Ortiz denunció durante muchos años abusos e intentos de corrupción de funcionarios, principalmente durante la época del PAN, quienes condicionaban apoyos a cambio de devolver una parte en efectivo; al no prestarse a ello, fue castigada varias veces. El cierre de este espacio dejó sin atención a menores en riesgo delictivo real, situación que resurge ahora tras las recientes detenciones.