Por Redacción
Almoloya De Juárez, 21 de julio de 2026.- Un juez dictó prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, señalado de participar en un esquema de huachicol fiscal. La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, describió el caso como “la mayor red de huachicol fiscal detectada en México”.
La FGR acusó a Ruffo Appel de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, con un daño estimado al fisco de más de 4 mil millones de pesos. Según la dependencia, el análisis de las operaciones permitió “estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes”.
El exmandatario fue detenido en Ensenada, Baja California, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Posteriormente, compareció por videoconferencia desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) durante una audiencia inicial que se desarrolló a puerta cerrada, restringiendo el acceso a los medios de comunicación.
Como parte de su defensa, el equipo legal de Ruffo se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. Por orden judicial, deberá cumplir la prisión preventiva en el Cefereso 1, conocido como penal del Altiplano.
La investigación revela que la estructura criminal comenzó a operar a través de una empresa vinculada con servicios portuarios y dragados, fundada por el propio Ruffo Appel. La red utilizaba carros-tanque de ferrocarril para sus operaciones, declarando solo el 10% de la capacidad real de cada unidad.
La FGR explicó que, al ampliar las investigaciones en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas, entre enero y julio de 2025 detectaron que la organización investigada “habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación” a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
La dependencia detalló que el esquema consiste en “introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos”. Como evidencia, se presentaron casi una centena de datos de prueba, incluyendo alrededor de un centenar de cajas de cartón con estados de cuenta bancarios, registros financieros e información contable.