Por Redacción
Ciudad de Mexico, 21 de julio de 2026.- Los diputados Alberto Martínez y Ángel Augusto Tamariz propusieron reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México para homologarla con la reforma federal al Poder Judicial. La iniciativa, que busca atender lo que los legisladores llamaron “importantes áreas de oportunidad”, fue dada a conocer por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente durante su sesión.
El documento fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de Justicia para su dictaminación. Esta propuesta surge después de que el Decreto de la reforma constitucional al Poder Judicial fuera publicado el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El contexto de esta iniciativa incluye la elección extraordinaria realizada en 2025 en la capital, donde se eligieron cinco magistraturas para el Tribunal de Disciplina Judicial, 34 cargos para magistradas y magistrados, y 99 para jueces, con una participación ciudadana cercana al 14 por ciento.
Por otro lado, Brenda Quevedo Cruz salió de su departamento, donde permanece bajo prisión domiciliaria, la tarde del viernes 17 de julio. La salida se concretó gracias a un permiso humanitario para visitar a su padre, quien se encuentra hospitalizado y intubado en el ISSSTE de Toluca, Estado de México, tras sufrir un accidente cerebrovascular.
Aunque el permiso se emitió la mañana del 17 de julio, un error en la fecha plasmada en el documento retrasó el traslado cinco horas hasta que se expidió uno nuevo con los datos correctos. Quevedo salió custodiada por un fuerte operativo de la Guardia Nacional que la acompañó hasta el nosocomio. Esta fue su primera salida desde el 24 de junio de 2024.
Brenda Quevedo acumula 21 años sin sentencia en un caso cuya fase de investigaciones terminó desde 2014. Fue detenida en Estados Unidos en 2007 y extraditada en 2009, pasando más de 15 años en penales federales. Organismos internacionales como la ONU y la CNDH han señalado irregularidades en el proceso y acusan que su detención fue arbitraria.