Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó este lunes 20 de julio de 2026 a las 14:15 horas al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, tras ser detenido el jueves 16 de julio en Ensenada. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando.
La orden de aprehensión fue librada el 13 de julio de 2026 por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien también giró instrucciones contra otros 24 imputados, incluido Carlos Xavier Treviño Sepúlveda. Previamente, el 22 de junio de 2026, el juez Mario Elizondo Martínez había negado la solicitud de la FGR. La jueza concluyó que la participación de Ruffo Appel “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”.
La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio de 2026 a las 22:00 horas vía videoconferencia ante el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El proceso duró más de 30 horas, aunque otras fuentes reportan que se extendió hasta 40 horas. Durante la diligencia, la jueza dictó prisión preventiva para Ruffo Appel y sus coacusados. Mientras tanto, los imputados José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
La investigación se originó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. La FGR identificó la participación de 70 personas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos. La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, la cual, según informó, causó una afectación al erario por más de 4,000 millones de pesos; otra fuente cifra el daño en 4,456 millones de pesos. La empresa Ingemar, de la que Ruffo Appel es accionista mayoritario, está vinculada a las investigaciones.
Ante la detención, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política, asegurando que es producto de “una investigación que tiene un año”. También aclaró que el caso no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
La defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica el próximo martes 21 de julio de 2026. Sin embargo, familiares y actores políticos han cuestionado el proceso. Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió “un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”.
Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, criticó que la audiencia inicial se desarrollara “a puerta cerrada. Sin prensa, sin público, sin familiares”, exigencia que reiteró basándose en el artículo 20 constitucional. El Partido Acción Nacional (PAN) pidió legalidad y debido proceso, mientras que la Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada calificó el caso como una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.