Morón, 26 de junio de 2026.- El gobierno cubano liberó a Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, quien estaba recluido en la prisión de alta seguridad Canaleta en Ciego de Ávila. Organizaciones de derechos humanos confirmaron la salida del joven, quien pasó más de tres meses tras las rejas tras ser detenido durante las protestas del 13 de marzo en esta localidad.
Las autoridades acusaron al adolescente de ‘sabotaje’ después de que se uniera a las manifestaciones provocadas por apagones paralizantes y escasez generalizada de alimentos. Laritza Diversent, abogada y activista de derechos humanos exiliada en Estados Unidos, señaló que el caso de Muir Burgos expone la criminalización sistemática de menores que participan en protestas sociales en Cuba.
“Es extremadamente preocupante que el estado use procedimientos penales para privar de libertad a menores y enviarlos a centros penitenciarios cerrados”, declaró Diversent, fundadora de Cubalex. La activista indicó que su grupo había identificado a cuatro menores encarcelados por participar en la protesta de Morón, incluido Muir Burgos.
La detención no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón punitivo que tomó forma tras las protestas del 11 de julio de 2021. Desde entonces, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha utilizado el sistema judicial para sofocar el descontento social mediante sentencias duras, aprovechando que bajo el Código Penal cubano revisado en 2022, los adolescentes son responsables penalmente a partir de los 16 años.
Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Justicia 11J reportan que cientos de menores han sido sometidos a procesos previos al juicio o sentenciados a detención, violando convenciones internacionales sobre protección de los derechos de los niños. Diversent enfatizó que “es importante, especialmente en el contexto de protestas por el deterioro de las condiciones del país, notar que los menores suelen asumir el rol de manifestarse y que el estado responde sin considerar las características legales y sociales de estos jóvenes”.
A pesar de la liberación, las organizaciones de derechos humanos recibieron la noticia con profunda cautela. Diversent advierte que este paso no representa el fin de la política represiva del régimen cubano, sino una táctica recurrente de supervivencia política y liberaciones controladas. La activista prefiere el término técnico ‘liberación bajo custodia’ en lugar de ‘libertad’, ya que el menor permanece bajo el poder punitivo del estado.