Ciudad De México, 09 de junio de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México decomisaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera el 8 de junio de 2026 en la autopista México-Cuernavaca, específicamente en el tramo de la caseta de Tlalpan. La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el operativo se activó a partir de una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible presencia de explosivos en uno de los vehículos en los que viajaban padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y maestros de la CETEG, quienes se dirigían a la capital para participar en actividades de protesta.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, señaló que poco a poco se van a ir liberando los autobuses y destacó: “estamos a favor de la manifestación pacífica, pero no se debe poner en riesgo a la población con el uso de artefactos explosivos en las protestas. Apelamos a que no haya uso de la violencia en las movilizaciones y a la manifestación pacífica”. La agrupación Zorros fue la encargada de decomisar los artefactos y resguardarlos.
Durante el operativo, agentes de la policía capitalina bloquearon el acceso por la caseta de Topilejo, lo que impidió el paso de al menos 20 camiones desde aproximadamente las 10:00 horas. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que cientos de granaderos y elementos de la Guardia Nacional les impidieron el paso. Isidoro Vicario, abogado y representante legal de los familiares, denunció públicamente la situación: “Hoy, el contingente de los padres y de los compañeros normalistas de Ayotzinapa y de la Fetsu, de Guerrero, se dirigían a la Ciudad de México, pero hoy en la mañana desde hace más de dos horas que no nos dejan pasar en la caseta de Tlalpan”. Alrededor de las 14:00 horas se informó que la caseta fue liberada y los normalistas y sus familiares pudieron continuar su trayecto.
Simultáneamente, las clases en Chiapas permanecen suspendidas en la mayor parte del estado, con más de un millón y medio de estudiantes sin actividades escolares tras ocho días de paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El impacto del paro alcanza alrededor del 95% de las más de 19 mil escuelas de Chiapas. El magisterio mantiene la toma permanente de la planta de distribución de Pemex en Tuxtla Gutiérrez, acción que Sebastián Méndez Jiménez, integrante de la Dirección Política Estatal, informó fue acordada por la Asamblea Estatal Permanente.
Las demandas centrales del movimiento son la abrogación de la Ley del ISSSTE y la eliminación o reestructuración del sistema de contratación y promoción docente (USICAMM). La organización magisterial sostiene que la interlocución debe realizarse directamente con la Presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo. Se mantiene un plantón nacional en la Ciudad de México con la participación de contingentes de diversas regiones del país.
En Baja California, maestros de la CNTE liberaron el 5 de junio de 2026 las casetas de peaje de Playas de Tijuana, Rosarito y Ensenada en su quinto día de huelga indefinida. Exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, jubilación digna y una mesa nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Marco Antonio Pacheco Peña, coordinador de la CNTE en Baja California, explicó que buscan que Sheinbaum cumpla con su promesa de campaña de abrogar dicha ley. Entre sus demandas al Gobierno Federal se encuentran jubilaciones dignas, desaparición de las Afores y las cuentas individuales, así como el pago del adeudo salarial a casi 3 mil docentes interinos, monto que asciende a casi mil millones de pesos. El paro es indefinido, dependiendo de la respuesta de la presidenta y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.