Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur confirmó la vinculación a proceso del ex oficial mayor Alan Sotelo Burgoin por el delito de abuso de autoridad por simulación. El juez de Control determinó como medidas cautelares la firma periódica quincenal, la prohibición de acercarse al domicilio del Ayuntamiento de Los Cabos y la restricción de contacto con testigos o denunciantes.
El caso se deriva de la contratación de una empresa financiera que debía gestionar un crédito bancario de 300 millones de pesos para el gobierno municipal. La Fiscalía señala que, aunque la gestión del crédito nunca se llevó a cabo, Sotelo autorizó el pago de 14 millones 170 mil 560 pesos a dicha empresa. Con esta determinación, el exalcalde Óscar Leggs Castro y el extesorero Martín Talamantes, quienes ya fueron vinculados a proceso por el mismo delito, se suman a la lista de cinco exfuncionarios señalados por celebrar y firmar dicho contrato.
En otro frente judicial, el conductor de televisión Patricio Cabezut aseguró que demandará al periodista Carlos Jiménez (C4) por daño moral. Cabezut afirmó que Jiménez difundió incorrectamente su ratificación de vinculación a proceso por presunto abuso y calificó la información de errónea y distorsionada. “Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente. La información que este señor presenta es errónea, está distorsionada”, declaró el conductor.
Cabezut calificó de deleznable al comunicador y señaló que emprenderá una demanda civil. “Utiliza conceptos que atentan contra mi presunción de inocencia. Hay, por lo tanto, elementos suficientes para iniciar una demanda por la vía civil por la acción de daño moral. Me humilla, atenta contra mi dignidad”, expresó. Por su parte, Carlos Jiménez respondió a la amenaza asegurando que no lo van a callar y refrendó que Cabezut está vinculado a proceso, indicando que la denuncia por daño moral es un intento de silenciarlo por evidenciar su “sucia realidad”.
Respecto al caso del exfutbolista Omar Bravo, acusado por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años de edad, su defensa solicitó llevar el proceso en libertad bajo fianza, petición que fue negada. Bravo seguirá recluido en el Penal de Puente Grande de Jalisco, donde podría permanecer hasta por dos años mientras se define su situación. Un juez dictó su vinculación a proceso el pasado 4 de octubre.
El abogado Juan Soltero explicó que uno de los hechos imputados ocurrió cuando la víctima tenía menos de 12 años, lo cual agrava la pena. “La pena sería de 5 a 10 años de prisión”, detalló el defensor, mientras que la representación de la víctima solicitaría una condena en ese rango. En caso de determinarse su culpabilidad, Omar Bravo podría alcanzar hasta 20 años de prisión.