Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, tras destacar la ‘imperante impunidad’ y una ‘impunidad estructural’ que provoca la reproducción de estos delitos en el país.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que la decisión se basó en que las más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 son ‘indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa’. Asimismo, señaló que a inicios de 2026 las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento respecto a los 52 mil registrados durante la visita del Comité en 2021.
En su informe, el CED mencionó que en 2021 recibió testimonios sobre desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, así como a empresas de seguridad privada y grupos delictivos. El comité recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad. Durante esa visita, el organismo emitió 84 recomendaciones al gobierno mexicano.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó ‘prácticas sistemáticas’ de desapariciones forzadas en Coahuila entre 2006 y 2016. Se identificaron patrones de colusión entre autoridades de los tres niveles, incluyendo detenciones ilegales para entregar víctimas a grupos criminales. Específicamente, se señaló que entre 2009 y 2012 fuerzas policiales secuestraron víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas, y entre 2012 y 2016 autoridades estatales ejecutaron desapariciones directamente a través de fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM. También se destacó el uso, ‘en ocasiones’, de recursos públicos como vehículos e instalaciones oficiales para estos fines.
El Comité tomó casos paradigmáticos en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, aunque también señaló la prevalencia de desapariciones en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. Datos estatales citados por el CED en abril de 2022 indicaban que sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos habían sido judicializados, con apenas 36 sentencias a nivel nacional. En 2023, el organismo insistió en la deficiencia en la judicialización y el uso limitado de investigaciones de campo.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno declararon que el informe no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco afirmó que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. El gobierno mexicano ha planteado que las desapariciones ocurrieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y que actualmente existen marcos legales y comisiones de búsqueda para mejorar la situación.
Con la activación del Artículo 34, el Comité busca que la Asamblea General adopte medidas que apoyen a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas. Este anuncio coincide con la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas dada a conocer por el gobierno federal el 3 de abril de 2026, la cual incluye una nueva clasificación de casos.