Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones, señalando que se trata de una decisión parcial y sesgada. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el documento es tendencioso y omitió observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado sobre las reformas impulsadas en 2019 y 2025.
El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU no consideró los esfuerzos institucionales y rechazó estudiar la información actualizada que proporcionó el Estado, según la postura mexicana. El gobierno argumentó que el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras de desaparecidos son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual no corresponde a la realidad actual del país.
Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de forma urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General. La decisión del CED fue publicada el 2 de abril de 2026.
Según el CED, la información recibida por el organismo contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El organismo señaló que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en distintas partes del territorio nacional.
El gobierno de México reclamó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y criticó que se limita a cuatro entidades. Además, señaló que no se haya considerado información actualizada entregada el 27 de marzo antes de la publicación del documento.
El gobierno mexicano citó que “el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”. No obstante, el CED tomó nota de la postura del Gobierno de México en el sentido de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado, pero señaló que en algunos casos recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos.
México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819, de las cuales 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026. La organización civil Idheas señaló que ese escenario revela fallas estructurales en los sistemas de búsqueda implementados por el Gobierno: “El procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido —en el caso mexicano— en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”.