Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar la situación de México, con carácter urgente, ante la Asamblea General. El organismo activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y solicitó al secretario general, António Guterres, que remita el caso de manera inmediata.
El CED concluyó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Como prueba de la gravedad, el comité citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar, así como una cifra total de más de 132,000 desaparecidos.
Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente la resolución del CED. La dependencia calificó el informe como tendencioso y sesgado, argumentando que se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se circunscribe a solo cuatro de los 32 estados de la República.
El gobierno mexicano afirmó que se han emprendido transformaciones estructurales desde 2019, con reformas clave en julio de 2025, incluyendo la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda. La SRE lamentó que el CED haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano el 27 de marzo y aseguró que al menos uno de los integrantes del comité trabajó para organizaciones que han denunciado al Estado.
Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, subrayó que lo que define a un crimen de lesa humanidad es el patrón de los ataques contra la población civil. “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del Gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó.
Por su parte, la SRE declaró: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”. Las autoridades mexicanas señalaron que el procedimiento de la Convención está diseñado para contextos en los que las desapariciones son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, lo cual afirmaron no corresponde a la situación actual del país.
Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano ante la decisión del comité. “Qué lástima que no se aprovecha la oportunidad de reconocer la dimensión del problema”, dijo Corcuera, quien agregó que la reacción gubernamental “es una muy mala señal” y aclaró que la responsabilidad internacional del Estado abarca todos los órdenes de gobierno.
Finalmente, el Gobierno de México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año. “México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, señaló el comunicado gubernamental.