Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- Más de un centenar de organizaciones tuvieron revocado su estatus de donatarias autorizadas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), situación que llevó a representantes de la iniciativa ‘Manifiesta tu Ciudadanía’ a hacer un llamado para establecer un diálogo de alto nivel con las autoridades fiscales.
El llamado urgente para el diálogo se hizo el 27 de marzo de 2026. La red ‘Manifiesta tu Ciudadanía’, integrada por 37 organizaciones de la sociedad civil que operan en nueve estados del país y tienen alcance sobre aproximadamente 400 OSC, presentó un oficio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Bienestar y el SAT solicitando una mesa de trabajo.
David Pérez Rulfo, integrante del Consejo Directivo de la iniciativa, señaló que buscan “un diálogo con las autoridades porque consideramos que el espacio cívico, que es donde actúan las asociaciones civiles y en especial las donatarias autorizadas, está salvaguardado por el artículo noveno de nuestra constitución”. Las actividades de estas organizaciones abarcan desde asistencia social hasta defensa de derechos, pasando por temas ambientales y de desarrollo, estando reguladas por el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Sobre el impacto económico, Pérez Rulfo explicó que la deducibilidad de donativos se aplica sobre la base gravable con un límite del 7% de las utilidades declaradas. “No es ni un permiso para recibir donativos ni la deducibilidad se deduce de los impuestos resultantes a pagar”, afirmó, agregando que “70 centavos de cada peso que ese donante le otorga son de su bolsillo”. No obstante, advirtió: “De ser un incentivo fiscal se convirtió en una espada de Damocles”.
Las organizaciones donatarias autorizadas están sujetas a disposiciones vinculadas a la prevención de lavado de dinero y existe una restricción de destinar solo el 5% de sus ingresos a gastos administrativos. Pérez Rulfo criticó la severidad de estas normas: “Somos más regulados que los giros negros, que los casinos y que los bares”, y añadió que “existe ‘una asimetría total’ frente a otras personas morales”.
Un punto central de la inconformidad es que la cancelación del estatus de donataria se notifica sin un proceso judicial previo. “El derecho de audiencia, de ser escuchados y de tener un juicio, no opera para las donatarias autorizadas”, dijo Pérez Rulfo, quien también mencionó que “no hay casos en los últimos años en México” con estas características. La red Manifiesta tu Ciudadanía expresó: “Creemos firmemente que es posible construir soluciones conjuntas que permitan garantizar el cumplimiento de la ley sin obstaculizar el trabajo legítimo y necesario de las OSC”.
Los primeros signos de esta situación de endurecimiento fiscal hacia las ONG comenzaron a observarse desde 2019. Según Pérez Rulfo, “desde los primeros meses empezamos a registrar tropiezos. Se cancelaron apoyos, desapareció el Indesol [Instituto Nacional de Desarrollo Social], que era nuestra ventanilla de relación con el gobierno, y el diálogo prácticamente se cerró”.