Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- Autoridades de la Ciudad de México confirmaron que ya investigan el uso de una camioneta sin placas por parte del diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, aseguró que la falta será castigada con todo rigor, independientemente de quien se trate.
La investigación se realiza con la intención de aplicar las sanciones correspondientes en contra del legislador, luego de que fuera captado ingresando al Estadio Banorte en una unidad de lujo modelo Cadillac carente de identificación. El caso surgió tras la difusión de un video durante el partido amistoso entre la Selección de México y la Selección de Portugal, evento que marcó la reinauguración del recinto deportivo.
Pablo Vázquez Camacho explicó que existía un protocolo restrictivo denominado ‘Última Milla’ para priorizar el acceso peatonal al recinto, donde la entrada de vehículos estaba permitida exclusivamente para aquellos con derechos sobre los palcos. “El protocolo de última milla comprendía el acceso vehicular a personas con palcos, es un tema que se analiza y era parte del operativo, así lo dieron a conocer las autoridades”, señaló el funcionario.
No obstante, el secretario de Seguridad precisó que la irregularidad radica específicamente en que la unidad no estaba identificada para transitar por la vía pública. Vázquez Camacho detalló que este tipo de infracciones suelen requerir flagrancia para una aplicación inmediata de la multa, pero el caso se mantiene bajo investigación para determinar la emisión de una sanción. Sobre los tiempos, el funcionario indicó que el proceso requiere un análisis previo.
Por otro lado, autoridades informaron sobre 50 procesos legales por irregularidades vinculadas al periodo de gobierno de Cuauhtémoc Blanco, tras auditorías recientes. José Blas Cuevas Díaz, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, señaló que se abatió un rezago de cuatro años, lo que permitió detectar desvíos y omisiones ahora bajo investigación. De estos casos, 10 derivaron en denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mientras que 40 expedientes fueron enviados al Tribunal de Justicia Administrativa para su seguimiento.