Jerusalén, 31 de marzo de 2026.- La Knesset (Parlamento israelí) aprobó una ley que permite la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por terrorismo. La normativa se aplicará específicamente en los tribunales militares de Cisjordania, instancias que juzgan exclusivamente a acusados palestinos, mientras que los colonos israelíes en la misma zona continúan sujetos a la legislación civil.
El primer ministro Benjamín Netanyahu votó a favor de la iniciativa, cuyo principal impulsor fue el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. Respecto al resultado de la votación, existen discrepancias entre las fuentes: un reporte indica 62 votos a favor y 48 en contra, mientras que otra fuente cifra el respaldo en 64 votos con la misma cantidad de oposiciones.
Bajo la nueva legislación, los tribunales militares están obligados a castigar con la pena capital el asesinato de israelíes en actos de terrorismo. Los jueces solo podrán optar por la cadena perpetua si aprecian circunstancias especiales. La decisión de imponer la sentencia no requiere unanimidad, bastando una mayoría simple, y la ley elimina el derecho de apelación. Además, se exige que la sentencia se dicte en un plazo de 90 días.
La norma también establece que las ejecuciones por ahorcamiento podrán ser secretas e impone un régimen de aislamiento casi total a los condenados a muerte. Según lo reportado, la ley no se aplicará retroactivamente a los detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque la Knesset tramita otra iniciativa que sí prevé aplicar este castigo a posteriori para esos casos específicos.
Itamar Ben Gvir celebró la aprobación declarando: “Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”. El ministro definió la medida como “histórica” y afirmó: “Hoy devolvemos el orgullo al pueblo de Israel […] Hay actores en la UE que nos quieren ver como el 7 de octubre [de 2023, el ataque de Hamás]: muertos, callados y otra vez secuestrados”.
Por su parte, la Presidencia de la Autoridad Palestina condenó la ley, calificándola de “racista” y una “flagrante violación del derecho internacional humanitario”. En un comunicado, la entidad palestina señaló: “Estas leyes no van a quebrar la voluntad del pueblo palestino ni socavar su resistencia, ni lo disuadirá de seguir con su lucha legítima por la libertad, la independencia y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital”.