Los Ángeles, 31 de marzo de 2026.- El Gobierno de México inició una ofensiva legal y diplomática para exigir explicaciones a Estados Unidos sobre las condiciones en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tras confirmarse la muerte de 14 connacionales durante el segundo mandato de Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su administración agotará todas las vías jurídicas para exhibir lo que calificó como una crisis de derechos humanos.
Como parte de esta estrategia, la Cancillería mexicana se sumará como amicus curiae en la demanda colectiva L.T. Mesrobian, presentada por la organización Public Counsel en Los Ángeles contra el centro de detención de Adelanto, California. La figura jurídica permitirá a México intervenir en el caso para aportar argumentos sobre condiciones que considera violatorias, incluyendo atención médica deficiente, aislamiento punitivo y falta de acceso a servicios básicos.
La mandataria informó que será la primera vez que el país presenta un caso de esta naturaleza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Se presentará una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención, de la demanda, vamos a dar todos los datos”, declaró Sheinbaum. Asimismo, se enviarán cartas de protesta a legisladores federales de Estados Unidos y al gobernador de California, Gavin Newsom, exigiendo investigaciones exhaustivas.
Según informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de las 14 muertes registradas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, cuatro ocurrieron específicamente en el centro de Adelanto, gestionado por la empresa privada GEO Group, aunque la responsabilidad jurídica recae en el ICE. El último fallecimiento confirmado ocurrió el pasado 25 de marzo; la víctima fue trasladada a un hospital en Victorville donde perdió la vida sin que hasta el momento se haya determinado oficialmente la causa.
Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular, calificó la situación como “inaceptable” para la protección de los mexicanos en el exterior. Funcionarios mexicanos sostendrán reuniones en Los Ángeles con familiares de las víctimas y organizaciones como la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes para detonar apoyo comunitario. Por su parte, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, abordará el tema este martes con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson.
Mientras tanto, en Florida, una jueza federal ordenó garantizar el acceso a abogados para los detenidos en el centro Alligator Alcatraz, tras concluir que las condiciones limitaban el derecho a la defensa. Corene Kendrick, de la Unión Americana de Libertades Civiles, señaló que “el acceso a asesoría legal es un derecho constitucional —no un privilegio— para todas las personas en este país”. El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ha rechazado las acusaciones de maltrato, afirmando que los estándares de atención son adecuados.