Malinalco, 29 de marzo de 2026.- En una serie de operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales realizados entre el 27 y 28 de marzo de 2026, autoridades mexicanas lograron la detención de dos presuntos líderes de organizaciones criminales en el Estado de México y Michoacán, así como la destrucción de cientos de artefactos explosivos en Sinaloa.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con elementos de seguridad federales, informó la detención el 27 de marzo de 2026 de Ramiro Ulises ‘N’, identificado con el alias de ‘Comandante Galindo’. Las autoridades lo señalan como líder de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en la zona oriente de la entidad. La captura se llevó a cabo en el municipio de Malinalco.
De manera simultánea, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención también el 27 de marzo de 2026 de Jesús Mendoza Castillo, conocido como ‘El Gallo’ o ‘El Serrucho’, presunto líder de los Cárteles Unidos de Michoacán. El operativo incluyó la ejecución de nueve cateos en los estados de Michoacán y Puebla, resultando en la aprehensión de Mendoza Castillo y siete colaboradores más: Uziel Morales Baltazar, José Alfonso Castillo Sánchez, Jaime Sánchez Soriano, Bulmaro Mendoza Castillo, Agustín Felipe López Morales, Flavio Eduardo Sánchez Zamora y Joaquín Sánchez Sánchez.
En un frente distinto de esta ofensiva contra la delincuencia organizada, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reportó que elementos del Ejército mexicano, trabajando junto a diversas corporaciones, aseguraron y procedieron a la destrucción de 347 artefactos explosivos improvisados. Este hallazgo ocurrió en el poblado de La Tuna, ubicado en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.
Según el informe oficial de la secretaría sinaloense, los explosivos fueron localizados durante reconocimientos terrestres en la zona serrana, en un área que presuntamente funcionaba como campamento para grupos delictivos. Una célula especializada realizó la destrucción controlada de los artefactos para eliminar riesgos para la población civil de las comunidades aledañas.
Estas acciones forman parte de un despliegue de seguridad que abarcó múltiples entidades federativas en fechas cercanas, movilizando al Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la FGR y fiscalías estatales para enfrentar a células criminales activas en distintas regiones del país.