Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, una reforma destinada a modernizar y agilizar los juicios administrativos en el país. La votación en lo general registró 363 sufragios a favor, 25 abstenciones y 64 en contra, mientras que en la discusión en lo particular se emitieron 328 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones.
La minuta, recibida previamente del Senado, incluye modificaciones clave para evitar dilaciones procesales, estableciendo un plazo común de cinco días para aquellas actuaciones del Tribunal que no cuenten con un término específico. Asimismo, se determina que los juicios tramitados en la vía sumaria deberán resolverse en un plazo máximo de seis meses, imponiendo límites temporales estrictos a las actuaciones de los magistrados instructores y a la presentación de promociones por parte de las partes involucradas.
Entre los cambios sustantivos destaca el ajuste a la cuantía para la procedencia de ciertos juicios. Según los reportes sobre la sesión, se incrementa este límite de 15 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) anual, incorporando como nuevo supuesto la impugnación de resoluciones sobre devoluciones de contribuciones. Esta medida busca facilitar la resolución de controversias fiscales y administrativas de menor monto.
La nueva legislación también contempla la implementación de trámites electrónicos a través del Sistema de Justicia en Línea, con el objetivo de digitalizar y acelerar los procesos. Adicionalmente, se fijan plazos más rigurosos para la práctica de notificaciones y se modifica el procedimiento aplicable en casos de atracción y recusación de magistrados, actualizando las referencias normativas vigentes.
En materia de suspensiones, la reforma adiciona supuestos para negar la suspensión del acto impugnado cuando se afecte el interés social o se contravengan disposiciones de orden público, aplicable en escenarios como actividades realizadas sin autorización o conductas ilícitas. Con esta aprobación, la ley avanza en su proceso legislativo para su eventual publicación y entrada en vigor, marcando un cambio significativo en la operación del contencioso administrativo federal.