Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada en el puente internacional Santa Fe de esta ciudad, para exigir verdad y reparación integral a tres años del incendio que dejó 40 migrantes fallecidos y 27 lesionados. Durante el acto, las agrupaciones acusaron que aún no se ha logrado justicia efectiva para las 82 víctimas totales del siniestro.
Las organizaciones señalaron que existen procesos penales abiertos sin sentencias firmes contra funcionarios del INM, personal de seguridad privada y otros involucrados. Denunciaron que los responsables de mayor jerarquía se benefician de una justicia desigual, citando específicamente el caso del ex comisionado del INM, Francisco Garduño, quien continúa acusado por ejercicio ilícito del servicio público mientras ocupa otro cargo público.
En paralelo, se llevó a cabo un conversatorio en la Ciudad de México donde Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción expusieron las deficiencias en la reparación del daño. Lorena Cano, representante del Imumi, indicó que 15 mujeres sobrevivientes no han sido reconocidas legalmente como víctimas bajo el argumento de que no sufrieron lesiones físicas, lo que les impide acceder a una compensación económica o reparación integral.
De acuerdo con los datos presentados por las asociaciones civiles, el balance de la tragedia arroja 40 personas fallecidas, 27 hombres sobrevivientes y 15 mujeres sobrevivientes. Hasta la fecha, únicamente cuatro personas se encuentran en prisión, mientras que siete más siguen su proceso judicial en libertad, situación que mantiene abierto el caso para las familias y acompañantes legales.
Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia, participó en las actividades de memorial recordando que los procesos penales en torno al caso siguen sin resolverse definitivamente. Las organizaciones insisten en que el Estado mexicano tiene la responsabilidad directa de garantizar la vida y seguridad de las personas bajo su custodia, así como de cumplir con las medidas de reparación ordenadas.