Lázaro Cárdenas, 27 de marzo de 2026.- El asesinato de dos maestras en una preparatoria de este municipio portuario, perpetrado por un estudiante de 15 años armado con un fusil de asalto, ha detonado un debate nacional sobre la legislación penal para adolescentes. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que es necesario abrir la discusión para determinar si los menores que cometen homicidios deben ser sancionados como adultos, mientras que en el Congreso local de Michoacán surgieron propuestas para endurecer las penas e incluso aplicar la pena de muerte.
El ataque ocurrió en el Colegio Antón Makárenko, donde el agresor, identificado en redes sociales con el alias “@vodka.om” y señalado como hijastro de un elemento de la Secretaría de Marina, ultimó a Tatiana “N”, de 37 años, y María del Rosario “N”, de 36. Al momento de su detención, el menor portaba un arma tipo AR-15 con un cargador de al menos 40 cartuchos. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó el suceso como “muy doloroso” y advirtió que el gobierno federal trabajará en un programa de salud mental para secundarias y preparatorias con el fin de prevenir la repetición de estos hechos.
“Es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo”, expuso Sheinbaum respecto a la posibilidad de modificar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual establece actualmente una pena máxima de cinco años para menores autores de homicidio calificado. La jefa del Ejecutivo subrayó que existen posturas divididas en la sociedad: quienes consideran que quien quita una vida debe responder como adulto independientemente de su edad, y quienes se oponen a dicha medida.
En el ámbito local, la indignación ha llevado a legisladores michoacanos a plantear reformas drásticas. Carlos Alejandro Bautista Tafolla, diputado independiente, afirmó que un acto de esta magnitud merece la pena de muerte, aunque reconoció la inviabilidad constitucional actual de la propuesta. El legislador también cuestionó la negligencia familiar y exigió que los padres enfrenten consecuencias penales por permitir el acceso del menor a armamento de uso exclusivo del Ejército.
Por su parte, Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI, respaldó la urgencia de eliminar los beneficios del sistema de justicia juvenil para delitos de alto impacto cometidos con alevosía y premeditación. “Ese muchacho difícilmente conocerá la acción y el peso de la justicia porque nuestro sistema de justicia penal es muy garantista”, señaló, al tiempo que criticó la falta de vigilancia en el hogar. Desde la gubernatura, Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado a los padres para monitorear las redes sociales de sus hijos, tras indicarse que el agresor participaba en grupos misóginos.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) mantuvo suspendidas las actividades en el plantel afectado mientras las autoridades investigan los motivos y la planeación del ataque. El caso ha reavivado la tensión social en la región de Tierra Caliente, donde diversos sectores exigen respuestas inmediatas del sistema de justicia ante la creciente violencia que involucra a menores de edad.