Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para establecer un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público, limitándolas al 50% de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, monto que asciende aproximadamente a 70,000 pesos mensuales. La enmienda al artículo 127 de la Constitución, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada primero en lo general por unanimidad con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y posteriormente en lo particular con 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones, alcanzando así la mayoría calificada requerida.
El dictamen ya cuenta también con la aprobación del Senado de la República, donde se registraron 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. Con el visto bueno de ambas cámaras, la minuta será enviada ahora a los congresos de los estados para su ratificación y posterior promulgación. La medida tiene como objetivo eliminar las llamadas “pensiones doradas” en organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos.
Durante el proceso legislativo, se registraron posturas divergentes entre los grupos parlamentarios. El diputado morenista Pedro Haces Barba defendió la iniciativa argumentando que busca corregir desigualdades e injusticias, señalando que muchas de estas pensiones exorbitantes se obtuvieron mediante compadrazgos y favores políticos, aunque aclaró que la norma no va contra el universo completo de trabajadores pensionados, sino contra una cúspula específica.
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que votaría a favor de la reforma, aunque expresó inconformidad y críticas respecto a omisiones en el texto y el riesgo de que la medida tenga efectos retroactivos. Rubén Moreira, coordinador del PRI, participó en las discusiones marcando esta postura dual de apoyo condicionado. A pesar de las reservas presentadas por la oposición y algunos aliados sobre la protección de derechos adquiridos, ninguna de las propuestas de modificación fue admitida a discusión en la fase final.
Previo y durante las sesiones, se registraron manifestaciones de jubilados y pensionados tanto en los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México como frente al Congreso local en Baja California. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, estuvo entre las voces que advirtieron sobre los posibles impactos negativos de la reforma si esta se aplica de manera retroactiva, generando incertidumbre entre los trabajadores que han cotizado por décadas bajo esquemas diferentes.
La aprobación de esta reforma marca un cambio significativo en el régimen de jubilaciones para altos funcionarios de confianza, alineándose con la política de austeridad republicana promovida por el gobierno federal. Ahora, el proceso queda pendiente de la validación de las legislaturas locales, paso necesario para que el tope salarial se convierta en mandato constitucional vigente en todo el país.