Trenton, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General anunció la emisión de órdenes de captura contra los principales cabecillas de la disidencia armada conocida como Segunda Marquetalia, señalados como responsables del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. La medida judicial se acompaña de una oferta de recompensas que asciende a cinco mil millones de pesos por información que conduzca a la localización de alias Iván Márquez, mientras que para John 40 y Zarco Aldinever la suma es de cuatro mil millones de pesos para cada uno.
La decisión fue confirmada en un informe donde participaron Luz Adriana Camargo, titular de la Fiscalía General, y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Las autoridades identificaron a estos tres individuos como parte de un grupo de siete cabecillas principales contra quienes se dirige el proceso judicial, aunque los nombres de los otros cuatro implicados no fueron detallados en el reporte inicial.
El magnicidio del legislador ha desencadenado una revisión inmediata de los protocolos de seguridad estatal. El proceso judicial abierto no solo persigue la responsabilidad penal de los ejecutores materiales e intelectuales, sino que también apunta hacia posibles responsabilidades administrativas y preventivas al interior de la Unidad Nacional de Protección, organismo encargado de garantizar la integridad de los funcionarios públicos.
Las cifras de las recompensas reflejan la prioridad que las autoridades han otorgado a la captura de estos líderes armados. La oferta económica busca incentivar a la ciudadanía y a posibles informantes dentro de las estructuras criminales para entregar a los fugitivos, en un contexto donde la ubicación exacta de los comandantes permanece bajo reserva de la investigación.
Hasta el momento, la investigación mantiene bajo resguardo detalles específicos sobre la fecha exacta y el lugar preciso donde ocurrió el atentado contra el senador Uribe Turbay, así como los nombres completos civiles de losAliases mencionados. La focalización en la Segunda Marquetalia marca un punto crítico en la estrategia de seguridad nacional frente a los grupos armados organizados.
Con las órdenes de captura ya libradas, la Fiscalía inicia la fase operativa para hacer efectivas las detenciones, mientras se profundiza en las líneas de investigación que podrían derivar en sanciones para los funcionarios encargados de la protección del ahora occiso senador. El caso permanece bajo estricta vigilancia por las implicaciones políticas y de seguridad que representa el ataque a un miembro del Congreso.