Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 25 de marzo de 2026 la acusación formal contra dos residentes de Arizona, Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, por conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras. Según la fiscalía federal, los propietarios de la armería ‘Grips by Larry’ vendieron armas de fuego a sabiendas de que serían traficadas hacia México para fortalecer los arsenales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
La investigación determinó que entre febrero y mayo de 2025, los acusados realizaron ventas en cinco ocasiones distintas con destino final a los grupos criminales mexicanos. Estos cargos se derivan de la designación del CJNG y del Cártel de Sinaloa como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte del Departamento de Estado de EE. UU. en febrero de 2025, una medida administrativa que elevó la categoría legal de sus operaciones logísticas y financieras.
Este caso representa una de las primeras aplicaciones penales de la figura de terrorismo contra comerciantes de armas en la frontera sur estadounidense. La armería implicada, ubicada a menos de 15 minutos de la frontera con Naco, Sonora, es señalada de haber facilitado el flujo de armamento letal hacia el vecino país, aprovechando su proximidad geográfica para agilizar el cruce ilegal de las mercancías.
De ser encontrados culpables de los cargos de conspiración e intento de proveer apoyo material a una organización terrorista designada, los acusados enfrentan penas severas que incluyen décadas de prisión y multas por cientos de miles de dólares. La acción legal marca un endurecimiento en la estrategia judicial estadounidense para desmantelar las redes de abastecimiento que operan desde territorio nacional hacia las plazas criminales en México.
La acusación se suma a un contexto de creciente presión bilateral sobre el tráfico de armas, donde autoridades mexicanas han identificado a Arizona como el principal punto de origen del equipamiento incautado en operaciones de seguridad. Mientras la demanda civil presentada por el gobierno mexicano en 2022 señaló a otras cinco tiendas en el estado, este nuevo proceso penal enfoca la responsabilidad directa de los propietarios bajo estatutos antiterroristas.