Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó una reforma laboral que prohíbe el uso del llamado “buró laboral” como mecanismo para evaluar a los trabajadores al momento de su contratación. La medida fue impulsada por el senador morenista Saúl Monreal y tiene como objetivo evitar que el historial crediticio o financiero se convierta en un filtro excluyente para acceder a un empleo formal.
Con esta decisión legislativa, se busca frenar una práctica extendida en el sector privado donde las empresas consultan reportes de riesgo crediticio para decidir sobre la contratación de personal, incluso cuando dichas deudas no tienen relación directa con las funciones del puesto. La reforma fue remitida a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión posterior, aunque se desconoce hasta el momento la fecha exacta de su entrada en vigor ni las sanciones específicas que enfrentarían los empleadores que incumplan la norma.
El senador Saúl Monreal, autor de la iniciativa, ha sostenido que el acceso al trabajo es un derecho constitucional que no debe estar supeditado a la situación financiera personal de los individuos. Aunque la investigación no detalla el sentido de la votación final ni los pormenores del debate en el pleno senatorial, la aprobación marca un paso firme hacia la regulación de estos mecanismos de selección de personal.
En paralelo a este movimiento legislativo, diversos análisis periodísticos han puesto sobre la mesa otras prácticas empresariales que afectan el poder adquisitivo real de los trabajadores. Se identifica el uso del “salario emocional”, así como la asignación de horas extra no remuneradas y la ampliación de responsabilidades sin el correspondiente ajuste salarial, como estrategias utilizadas por algunas compañías para evitar incrementos nominales en la nómina.
Estas dinámicas ocurren en un contexto donde la reforma para eliminar el buró laboral intenta cerrar una puerta a la discriminación económica, mientras persisten desafíos en materia de cumplimiento de obligaciones laborales básicas. No se dispone de cifras oficiales sobre cuántas personas o empresas se ven afectadas actualmente por el uso de estos reportes financieros, dato que podría ser relevante para dimensionar el impacto de la nueva ley una vez que sea promulgada.
La atención ahora se centra en la Cámara de Diputados, donde la iniciativa deberá ser discutida antes de convertirse en ley definitiva. Mientras tanto, la prohibición del buró laboral se perfila como un cambio estructural en las relaciones laborales del país, buscando garantizar que la evaluación de los candidatos se base en sus competencias profesionales y no en su historial financiero.