Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez del Sistema de Justicia Acusatorio de Baja California vinculó a proceso a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de la entidad, por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades. La decisión judicial, emitida la mañana de este martes, establece que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado resultaron verosímiles para iniciar un proceso penal en calidad de coautor con dolo, relacionado con la contratación de la empresa Next Energy para un proyecto de planta fotovoltaica que no se concretó.

La audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo el lunes 23 de marzo y se extendió por casi 24 horas, según reportes de medios locales. Durante la sesión, la fiscalía expuso elementos de prueba que indican que el contrato plurianual firmado durante la administración de Bonilla (2019-2021) comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos durante 30 años, lo que representaba una carga financiera total de aproximadamente 4,500 millones de pesos. La investigación señala que la obra nunca fue construida y que el gobierno estatal no obtuvo los permisos necesarios para su ejecución.

La defensa de Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, argumentó que el exmandatario ya no ocupaba el cargo de gobernador cuando se realizaron ciertos pagos a la compañía. Sin embargo, el juez Gerardo Anguiano Ceja consideró suficientes los indicios para dictar la vinculación a proceso. Al término de la comparecencia, Bonilla declaró a la prensa que la decisión era esperada y atribuyó el caso a motivaciones políticas de la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila: “No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, sabíamos que ese era el propósito. Nada más para que aprendan, no se anden peleando con la gobernadora”, dijo según el semanario Zeta.

El caso se enmarca en un conflicto político entre Bonilla, quien actualmente es dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) tras haber gobernado por Morena, y la administración de Ávila. La Fiscalía de Baja California sostiene que se realizaron pagos millonarios a Next Energy sin que existiera la obra correspondiente. El exgobernador logró aplazar su encuentro con la justicia gracias a su fuero legislativo como senador, el cual perdió en 2024, momento a partir del cual faltó a diversos citatorios judiciales hasta que un juez giró una orden de presentación para forzar su comparecencia.

Con esta resolución, Bonilla se convierte en el primer exgobernador surgido de Morena en ser acusado abiertamente de corrupción por el oficialismo. El juez ha otorgado un plazo de seis meses para la investigación antes de dictar sentencia. Mientras tanto, la audiencia continuará para determinar las medidas cautelares que se impondrán al exfuncionario, cuyo caso ha generado atención por la magnitud de los recursos públicos involucrados en el contrato fallido.

Por Editor

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