Washington, 24 de marzo de 2026.- El Senado de Estados Unidos confirmó este 24 de marzo a Markwayne Mullin como el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras una votación de 54 votos a favor y 45 en contra. La designación, impulsada por el presidente Donald Trump, instala al exsenador republicano de Oklahoma al frente de una agencia crítica para las políticas migratorias y de seguridad interna, en un momento marcado por un cierre parcial del departamento y tensiones presupuestarias.
Mullin reemplaza a Kristi Noem, quien fue destituida por la Casa Blanca hace unas semanas debido a controversias en su gestión, incluyendo declaraciones sobre la muerte de ciudadanos en operativos migratorios y el uso de fondos para campañas publicitarias. La confirmación de Mullin se logró con el apoyo mayoritario de los republicanos, sumado a los votos de dos senadores demócratas, John Fetterman y Martin Heinrich, mientras que el republicano Rand Paul votó en contra.
El nuevo secretario asumirá el mando de agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, bajo escrutinio público por sus tácticas de deportación. Durante su audiencia de confirmación, Mullin declaró que su meta es que el departamento deje de ser noticia negativa diaria y que la ciudadanía perciba su labor de protección. “Mi meta es que todos ustedes se sientan orgullosos”, afirmó ante el comité senatorial.
La transición ocurre en medio de una crisis financiera para el DHS, cuyo financiamiento venció el 14 de febrero, dejando a más de 100,000 empleados sin salario y afectando operaciones de entidades como la TSA y la Guardia Costera. Mullin, quien ha hecho un llamado a los legisladores para aprobar la ley de financiamiento, heredó una empresa de fontanería y es conocido por su estilo distintivo en el Capitolio, combinando trajes con botas y sombreros vaqueros.
Con esta confirmación, la administración de Trump busca estabilizar el liderazgo del departamento mientras enfrenta presiones del Congreso para modificar procedimientos de aplicación de la ley migratoria. Los demócratas han condicionado la liberación de fondos a cambios en las reglas de comportamiento de las fuerzas migratorias, especialmente tras incidentes letales reportados en Minnesota.