Tijuana, 24 de marzo de 2026.- A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 durante un mitin de campaña en Lomas Taurinas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizó homenajes nacionales mientras la situación legal de Mario Aburto Martínez, declarado autor material del crimen, permanece pendiente de resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Mario Aburto Martínez cumple 32 años en prisión tras haber sido condenado originalmente a 45 años. Sin embargo, en 2023 un tribunal federal concedió un amparo que anuló la sentencia al considerar que debió aplicarse el Código Penal de Baja California, que establece una pena máxima de 30 años. Bajo este nuevo criterio legal, Aburto habría cumplido su condena en 2024.
La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, impugnó el fallo del tribunal federal, llevando el caso ante la SCJN. Mientras se espera la resolución definitiva, Aburto permanece recluido en el penal federal de Morelos, según informó su defensa legal.
El PRI, encabezado por su dirigente nacional Alejandro Moreno, realizó conmemoraciones con la participación de militantes priistas de Baja California, entre ellos Eva Baeza, Bernardo Saldaña Téllez, Miguel Valadez, Édgar Moreno y Luis López Moctezuma. Bernardo Saldaña Téllez, presidente de la Fundación Colosio, participó en los homenajes organizados por el instituto político.
Laura Colosio, hermana del excandidato presidencial, estuvo presente en las ceremonias de recordación. La familia Colosio ha mantenido una postura sobre el caso que ha sido acompañada por las actividades de la Fundación Colosio a lo largo de estas tres décadas.
Jesús González Schmal, abogado defensor de Mario Aburto, ha alegado que su cliente fue víctima de tortura durante el proceso legal. La defensa ha señalado que, de no confirmarse la liberación de Aburto tras la resolución judicial, prevén acudir a instancias internacionales para buscar justicia.
El caso del asesinato de Colosio representa uno de los crímenes políticos más relevantes de la historia contemporánea de México. A más de tres décadas del hecho, la resolución pendiente en el sistema judicial mexicano mantiene abierto el debate sobre la justicia aplicada en este emblemático caso.