Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donataria autorizada al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), medida que se extiende a más de 100 organizaciones de la sociedad civil. La decisión surge de una discrepancia interpretativa sobre las atribuciones de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) para acreditar las actividades de estas entidades.
Según los datos disponibles, al menos 13 organizaciones han sido dadas de baja oficialmente, aunque el impacto reportado abarca a más de un centen de grupos civiles. El IMCO, asociación fundada en 2003, aseguró haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales y contó con la acreditación de la SECIHTI para operar bajo el régimen de donatarias.
Sin embargo, el SAT determinó que la secretaría carecía de las facultades legales para emitir dicha acreditación, motivo por el cual procedió a la revocación del estatus. Esta postura de la autoridad fiscal contrasta directamente con los argumentos del IMCO, que mantiene que su proceso de cumplimiento fue correcto bajo las disposiciones vigentes en el momento de la solicitud.
La controversia se centra en nuevas disposiciones que exigen a las organizaciones acreditar sus actividades ante autoridades específicas. Aunque el IMCO presentó una nueva solicitud de resolución el 18 de noviembre, los detalles sobre el resultado final de dicho trámite y la fecha exacta de notificación de la revocación no han sido especificados en los comunicados oficiales consultados.
El caso del IMCO se inserta en un contexto donde diversas narrativas internacionales han señalado tendencias hacia la criminalización o restricción operativa de organizaciones no gubernamentales. No obstante, la situación específica en México deriva de interpretaciones administrativas sobre la competencia entre dependencias federales como el SAT y la SECIHTI.
Hasta el momento, no se ha hecho pública la lista completa de las más de 100 organizaciones afectadas por esta medida, ni los detalles técnicos precisos de las nuevas disposiciones que motivaron el cambio de criterio por parte de la administración tributaria. La incertidumbre sobre el estatus fiscal de estas entidades podría impactar su capacidad para recibir deducibles y continuar con sus programas de incidencia pública.