Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) formalizaron un convenio de colaboración el 20 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, con el objetivo de incorporar la perspectiva de igualdad sustantiva y no discriminación en la labor jurisdiccional. El acuerdo fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, en un contexto donde también el Senado de la República impulsa la uniformidad de las leyes de género en los estados y organizaciones de la sociedad civil exigen que los derechos de los pueblos indígenas dejen de ser solo declarativos.
El convenio entre la SCJN y el Conapred busca establecer mecanismos para que los juzgados y tribunales integren criterios de igualdad en sus resoluciones, aunque la investigación no detalla los procedimientos específicos ni los plazos de seguimiento para esta armonización legislativa. La firma representa un esfuerzo institucional para alinear la práctica judicial con los principios constitucionales de no discriminación, en un momento donde la Plataforma Nacional de Datos Abiertos reporta la existencia de más de 5 mil bases de datos provenientes de 184 instituciones, facilitando el acceso a información pública.
En paralelo al acuerdo judicial, la senadora Malú Micher ha realizado un llamado para que las legislaturas locales unifiquen sus normas en materia de género, buscando eliminar disparidades legales entre las entidades federativas. Esta iniciativa legislativa complementa los esfuerzos del Poder Judicial y del organismo antidiscriminación para crear un marco jurídico coherente en todo el territorio nacional.
Sin embargo, el discurso institucional de avance en derechos humanos contrasta con señalamientos sobre la práctica judicial concreta. Organizaciones como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México han emitido un posicionamiento exigiendo que los derechos de los pueblos indígenas sean vinculantes y no meramente declarativos, cuestionando la falta de una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional que garantice su aplicación efectiva.
La controversia en el sistema de justicia se ilustra con el caso de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien ha sido señalada por otorgar un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de fraudes. Este episodio ha generado críticas sobre la procuración de justicia, sugiriendo una contradicción entre los anuncios de mejora institucional y las decisiones judiciales que protegen a actores económicos cuestionados. La investigación no registra una reacción oficial del Poder Judicial ante estas críticas ni especifica el estatus actual de las demandas legislativas planteadas por los colectivos indígenas.
La convergencia de estos eventos —la firma del convenio, las demandas legislativas, las exigencias de la sociedad civil y los casos judiciales controversiales— dibuja un panorama complejo para la justicia y los derechos humanos en México. Mientras las autoridades ejecutivas y judiciales promueven la igualdad sustantiva a través de acuerdos formales, persisten desafíos estructurales relacionados con la implementación real de los derechos, la transparencia en las decisiones judiciales y la respuesta efectiva a las demandas de los grupos históricamente marginados.