Por Redacción
Washington, 21 de marzo de 2026.- El Senado de Estados Unidos rechazó este viernes aprobar una ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con lo que se mantiene el cierre parcial de la agencia que comenzó el pasado 14 de febrero. La votación registró 47 votos a favor y 37 en contra, mientras que 16 senadores no participaron en la decisión, dejando sin presupuesto operativo a una de las instituciones clave para la seguridad interna del país.
Como consecuencia del estancamiento legislativo, más de 100,000 empleados esenciales del DHS continúan trabajando sin paga. La falta de financiamiento está generando importantes retrasos en los aeropuertos del país, donde el personal de seguridad opera bajo condiciones críticas debido a la incertidumbre presupuestal prolongada por más de un mes.
El bloqueo en la aprobación de fondos responde al desacuerdo entre republicanos y demócratas sobre las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump. Los legisladores demócratas exigen cambios operativos para las agencias de ICE y la Patrulla Fronteriza, incluyendo la prohibición de que los agentes operen con el rostro cubierto y la obligación de contar con órdenes judiciales para realizar allanamientos, condicionando el financiamiento a una legislación que establezca estos límites.
En medio de la crisis presupuestal, Markwayne Mullin, ex luchador de artes marciales mixtas de Oklahoma, se encuentra en proceso de asumir la dirección del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, la mayoría de las agencias bajo su futura jurisdicción llevan operando sin fondos desde mediados de febrero, lo que complica la transición y la gestión inmediata de la secretaría.
La situación refleja la polarización en el Congreso estadounidense, donde la liderança de Chuck Schumer y la oposición republicana no han logrado encontrar un punto de acuerdo que permita desbloquear los recursos necesarios. Mientras no se apruebe la ley de financiamiento, el cierre parcial seguirá vigente, manteniendo la presión sobre los trabajadores federales y la infraestructura de seguridad fronteriza y aeroportuaria.