Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa la negociación de su ‘Plan B’ de reforma electoral, una iniciativa que ha logrado consolidar el respaldo de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, pero enfrenta disidencias dentro del Partido del Trabajo (PT). Mientras el coordinador de los senadores verdes, Manuel Velasco Coello, anunció que 13 de sus 14 legisladores votarán a favor de la propuesta, al interior del PT surgieron posturas contradictorias que van desde el refrendo del apoyo hasta la advertencia sobre riesgos de inestabilidad estatal.
Manuel Velasco Coello reveló que existe un acuerdo con la mayoría de los senadores de su partido para apoyar la iniciativa de la mandataria, pues coinciden prácticamente con todos los puntos de la misma. El legislador anticipó que ya trabajan para convencer al único senador del PVEM que se mantiene al margen, Luis Armando Melgar Bravo, quien ha sido firme en su negativa. Melgar Bravo expresó públicamente su postura al pedir “democracia con cancha pareja” y “no al retroceso electoral”, argumentando que el llamado Plan B no atiende de fondo retos clave como garantizar condiciones de equidad en la competencia y evitar distorsiones en la representación política.
En contraste con la unidad mostrada por los verdes, el Partido del Trabajo presenta un escenario fragmentado. La senadora Geovanna Bañuelos refrendó su apoyo al Plan B de la presidenta, alineándose con la estrategia del ejecutivo federal. Sin embargo, otros miembros de la misma fracción parlamentaria han manifestado oposición o reservas. El senador Benjamín Robles se opone abiertamente a la iniciativa, mientras que Reginaldo Sandoval señaló que existe un riesgo de Estado estructural. Sandoval argumentó que “el día que inicia su gobierno, ese día inicia la campaña para sacarlo en tres años”, calificando esta situación como un factor que genera inestabilidad.
Ante este panorama, Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Partido del Trabajo ponerse de acuerdo en su respaldo al Plan B, buscando cerrar las brechas internas para asegurar la viabilidad legislativa de la reforma. La propuesta busca modificar aspectos constitucionales y legales relacionados con la revocación de mandato y el gasto en congresos locales y ayuntamientos, temas que han generado debate sobre la conveniencia de empatar las fechas de la consulta ciudadana con las elecciones intermedias de 2027.
La dinámica de negociaciones refleja los cálculos políticos necesarios para aprobar cambios constitucionales sin la mayoría calificada de Morena por sí sola. Mientras el PVEM parece haber cerrado filas tras las conversaciones con la cúpula partidista, la falta de consenso en el PT pone en relieve las tensiones entre la lealtad al proyecto de la cuarta transformación y las preocupaciones de algunos legisladores sobre las consecuencias institucionales de adelantar mecanismos de control ciudadano y reconfigurar el mapa electoral del país.